Alerta en la Sierra Tarahumara; acoso y amenazas a defensora Isela Gónzalez

Beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y representante de la comunidad indígena Choréachi 

Por Mónica Loya Ramírez

Las alarmas se activaron de nuevo. El pasado 10 de octubre de 2020 se publicó en el periodico El Diario de Chihuahua una nota en la que se llamaba a Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre, a  “dejar de dividir e intrigar”, y la acusaban de “estar hundiendo en la pobreza a las comunidades de Choréachi y Colorada de los Chávez, a través de la creación de conflictos ficticios entre ambas”.

Quienes hicieron esos señalamientos son Alfonso Dominguez y Jesús Manuel Ontiveros -conocidos priístas-,  abogados y representantes del Ejido Colorada de los Chávez, quienes también afirmaron que el conflicto entre ambos ejidos comenzó en el 2007.

Aparte de organizar una conferencia de prensa para denostar el trabajo de la defensora, en la comunidad de Coloradas de los Chávez, durante una visita de verificación, uno de los asistentes, de sexo masculino, comentó, de acuerdo con un testigo.

“Que ellos estaban en el área correcta y que le echaran ganas al proyecto para ‘callarle la boca a esa pinche vieja argüendera’” -refiriéndose a la defensora-, mientras que otra de las personas que se encuentran en el campamento preguntó a otro testigo -omitimos su nombre por seguridad- con cuál familia había llegado.

En la Sierra Tarahumara las amenazas son peligrosas.

Hace más de 30 años que la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, reclama de manera pacífica ante los tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre A.C (ASMAC), el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y sus bosques. 

En 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, actualmente bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este tiempo de lucha por sus derechos, la comunidad ha sufrido diversas represalias. Entre las más graves, el asesinato de tres personas, entre ellas autoridades tradicionales; el desplazamiento de familias bajo alto riesgo, amenazas y agresiones permanentes.

En el informe realizado por la organización Global Witness, en 2019, se expone  que la violencia letal es la más visible de la infinidad de amenazas que enfrentan las personas defensoras, por lo que afirman que ese año documentaron, por primera vez, las variadas formas en que las personas defensoras están siendo criminalizadas.

Destaca que existen cinco etapas en la criminalización de defensores. La primera son las campañas de desprestigio,con tácticas de desprestigio y campañas de difamación, como lo que se está haciendo con la antropóloga Isela Gónzalez.

A pesar de que las represalias sufridas por la comunidad de Choréachi y por ASMAC se encuentran debidamente documentadas y denunciadas formalmente ante las autoridades competentes, dando lugar a la intervención del Mecanismo de protección de Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2017, esos organismos ordenaron la adopción de medidas provisionales de protección para salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad, así como la investigación y sanción de los responsables por los asesinatos y agresiones que han sufrido y la atención y solución de las causas que les han puesto en riesgo. El hostigamiento y acoso no se han detenido.

En una entrevista para Reversos, Gónzalez Díaz afirmó que no ha sido fácil la defensa de la tierra y el territorio porque “se están tocando muchos intereses, principalmente los que tienen que ver con el bosque, y la comunidad de Coréachi que es la que está sufriendo este acoso”.

“(Las comunidades) no tenían reconocidas sus posesiones ancestrales y este fue un litigio que se instauró en el Tribunal Unitario en Chihuahua en el 2007, inicialmente, batallar para que se les reconociera la personalidad jurídica cuando no eran ni ejidatarios, ni comuneros, eran una comunidad indígena; se tuvieron que hacer diversos peritaje: antropológico, lingüístico, en los que se acredita que es una comunidad indígena y tiene derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional”, comentó.

La defensora de la tierra indicó que esta situación “duró muchos años y finalmente la magistrada resuelve que en contra  y se recurre al Tribunal Superior Agrario que está en la Ciudad de México, “y también dura mucho tiempo para resolver y le regresa la resolución a la magistrada y le dice que ella no tiene razón y finalmente el Tribunal Superior le reconoce su posesión ancestral a la comunidad de Choréachi”.

Evidentemente lo que está en la parte contraria del litigio –continúa–  es la comunidad agraria de Coloradas de los Chávez, que es una comunidad mestiza y con algunos habitantes indígenas.

“Platico todo esto para que se vea lo tortuoso que es el acceso a la justicia. Tiene muchos costos, muchísimo desgaste para las comunidades y para quienes les acompañamos”.

Finalmente, añadió, “el Tribunal recurre a una sentencia muy novedosa porque lo hace de acuerdo a todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos; obviamente se inconforman, se van a un tribunal colegiado, y éste les responde que no puede resolver eso, y pide que lo atraiga la Suprema Corte de Justicia (SCJN), lo atrae la SCJN, y el caso apenas se empieza a estudiar en la  Sala 2.

“En el 2007 estaba explotado forestalmente y se pide la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal a Semartat porque había un litigio y conceden la suspensión entonces les suspenden a la comunidad de Coloradas de los Chávez solamente en 15 mil hectáreas, que es la superficie en conflicto y hasta ahorita está suspendido”, puntualizó.

A principios del año, “ellos tienen un permiso forestal vigente pero en el área que no está en conflicto, empezaron a explotar y entraron un poquito al territorio de Choréachi y se presentó una denuncia popular ante Profepa y se hizo toda la incidencia necesaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos porque la comunidad, en todo este trayecto de acceso a la justicia han asesinado defensores”.

Isela González expuso que, como está en la Corte el caso por resolverse, “estos señores, la comunidad agraria con su asesor técnico forestal, un ingeniero forestal, Manuel Ontiveros, van y presentan un proyecto a la Comisión Nacional Forestal para restauración de suelos en cuencas hidrológicas estratégicas que forma parte de todo un pequeño proyecto que es más amplio en el municipio de Guadalupe y Calvo, pero omiten –dándoles el beneficio de la duda a los funcionarios de Conafor– decirles que esa área está en conflicto y les dan el permiso. Les aprueban el proyecto que tiene varias fases: restauración de suelo, plantación de pinos, y tiene otra fase que cercan, donde plantaron los pinos, cercaron con alambre de púas”.

Las autoridades tradicionales de Choréachi, abundó, “desde que empezaron, primero fueron y los invitaron a trabajar con ellos, y les respondieron que no ‘claro que no podemos trabajar contigo, porque tú estás en nuestra casa, nosotros no nos vamos a meter a tu casa’. A las personas a las que les dijeron avisaron a las autoridades”.

Detalla que después “hicieron asamblea y decidieron no trabajar con ellos, ya que estos señores instalaron un campamento, llevaron gente ajena a la comunidad y nosotros fuimos documentando”.

“Acreditamos que había un litigio, pero luego las reglas de operación para otorgar financiamiento a ese tipo de proyecto claramente dicen que no debe de estar en litigio la superficie en la que se aprueba el proyecto, y en este caso así era, y se cancelaron y les dieron  oportunidad del debido proceso. Se reunió un consejo técnico especializado y dijo: ‘Se cancela y les damos oportunidad de que aleguen lo que corresponda y también le damos la oportunidad a la comunidad que es un abogado de Alianza Sierra Madre y presentamos todos los documentos y ahorita está cancelado. Luego apareció la nota del 10 de octubre’”. 

La larga lucha por la defensa de la tierra 

En mayo de 2019 fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en la que persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. 

La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor del ambiente y territorio, quien denunció a quienes están detrás de la tala ilegal en su comunidad. Fue asesinado en octubre de 2018 pese a estar bajo el mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Entre Balas y Olvido, ausencia de protección  a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara, un informe de Amnistía Internacional, destaca que en México, y particularmente en el estado de Chihuahua, la lucha por la defensa del territorio se da en un contexto en el que la presencia del crimen organizado representa una de las principales amenazas para las personas defensoras de derechos humanos. 

Las personas de los pueblos indígenas de Coloradas de la Virgen han reclamado títulos de propiedad de su territorio ante distintas autoridades, por lo menos desde el año 1934, cuando solicitaron por primera vez el reconocimiento de la titularidad de las tierras para la creación del Ejido Coloradas de la Virgen. La creación y otorgamiento del mismo se dio en 1957, cuando la mayoría de los solicitantes ya habían fallecido.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4195542019SPANISH.PDF

Luego de una cadena de irregularidades se otorgó a una familia de mestizos la participación en el Ejido, sin reconocer los derechos de los familiares de los integrantes fallecidos, quienes fueron excluidos. 

A partir de ahí se ha dado una interminable batalla legal para que sean reconocidos sus derechos. De acuerdo con distintos miembros de la comunidad, entrevistados por Amnistía Internacional, el crimen organizado ha hecho uso de la violencia para controlar el territorio.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la gravedad del contexto de violencia que se presentaría en el municipio de Guadalupe y Calvo por posible presencia del crimen organizado.

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