Centro Pro documenta 29 casos de tortura sexual contra mujeres; complicidad y encubrimiento de órganos del Estado, incluidos Ejército y Marina

Por Rivelino Rueda
Foto: @CentroProdh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) documentó exhaustivamente 29 casos de tortura sexual a mujeres entre 2006 y 2015, en donde en 13 casos las mujeres identificaron que la agresión ocurrió en instalaciones oficiales y en cuatro en instalaciones militares.

En la presentación del informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, el subdirector del Centro Pro, Santiago Aguirre, puntualizó que en ninguno de estos casos los perpetradores han sido responsabilizados.

La participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones graves a los derechos humanos se dieron, por parte del Ejército Mexicano, en 2009, en Baja California; en 2013, en Coahuila; en 2007, en Nuevo León; en 2011, en Tamaulipas; en 2009, en Veracruz, y en 2009, en Quintana Roo.

Por su parte, elementos de la Marina participaron en estos actos de tortura sexual contra mujeres en 2011, en Tamaulipas, y en 2013, en San Luis Potosí.

Al respecto, la directora del Área de Defensa Integral del Centro Pro, Araceli Olivos Portugal, que en 27 de los 29 casos documentados la violación sexual estuvo presente; en 16 casos se consumó la violación; en 12 de estos 16 casos se trató de violación tumultuaria, y en 11 casos se realizaron amenazas de violación”.

Detalló que en dos casos se perpetró la violación frente a familiares; en las mujeres embarazadas se agregó la amenaza de interrumpir la gestación; en 28 de los 29 casos las mujeres sufrieron abuso sexual mediante tocamientos, actos similares o desnudez forzada, y en siete casos los abusos fueron grabados o fotografiados por los agresores.

“En diez casos hubo actos de violencia en zonas sexuales del cuerpo mediante golpes o descargas eléctricas; en un caso hubo mutilación genital; en 28 casos estuvieron presentes dos o más formas de tortura sexual; en cuatro casos la tortura sexual ocurrió a manos de médicos y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR)”, apuntó la defensora de derechos humanos.

Araceli Olivos también detalló que se cometieron actos no sexualizados que constituyen violencia en razón de género, como los insultos sexistas o la realización de trabajos forzados y que la mayor vulnerabilidad se dio en mujeres embarazadas, madres, lesbianas, mujeres con otra identidad de género, etcétera.

A la tortura sexual, añadió, “se sumaron golpes reiterados en distintas zonas del cuerpo, asfixia seca y/o húmeda, cortaduras, quemaduras, descargas eléctricas en otras partes del cuerpo, privación sensorial y/o de movimiento, posiciones forzadas, amenazas de desaparición y/o muerte, simulación de ejecución, ser obligadas a presenciar la tortura y/o ejecución de alguien más, entre otras”.

En el informe también se desprende que en los 29 casos hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual.

“En los 29 casos el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos. En 21 casos hubo una falta de puesta a disposición inmediata. En 21 casos el Ministerio Público lo ignoró. En varios casos la intimidación fue dirigida también contra familiares. En seis casos las mujeres narraron las circunstancias reales de la detención ante el Ministerio Público, que no realizó acción alguna, y en 11 casos la PGR impulsó la exhibición de las imágenes, principalmente en aquellos supuestamente vinculados a la delincuencia organizada, incluso antes de ser acusadas”, detalló Araceli Olivos.

Mencionó además que en 12 estados fue donde se perpetraron estas violaciones a los derechos humanos: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz

En todos los casos se criminalizó a las mujeres y se les imputaron delitos como “distintas modalidades de delincuencia organizada; posesión, portación o acopio de armas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; contra la salud; secuestro; homicidio; robo y estorsión”.

No obstante, en el informe del Centro Pro se señala que “ningún caso supera un mínimo control ministerial sobre la legalidad de la detención y la puesta a disposición inmediata; en los 29 casos el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos”.

“En los únicos seis casos que los médicos de la PGR certificaron lesiones, las calificaron como ‘leves’ a pesar del estado real de las mujeres, y en ningún caso que se denunció la tortura sexual se garantizó que la declaración y/o denuncia respetara las condiciones de cuidado y privacidad debidas”, anotó Araceli Olivos.

La defensora de derechos humanos indicó además que en 21 casos las mujeres firmaron una declaración autoinculpatoria como consecuencia de la tortura sexual; en al menos 15 de estos casos las mujeres volvieron a ser intimidadas en las oficinas del Ministerio Público, y en algunos casos las mujeres fueron llevadas a un cuartel militar antes de ser puestas a disposición de la autoridad ministerial.

“En todos los casos, en el dictado de autos de término constitucional o en sentencias de primera o segunda instancia, algún juzgado o tribunal convalidó las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En ningún caso en que se alegó tortura sexual, las y los jueces reaccionaron de manera especializada o diferenciada ni valoraron el testimonio conforme a los estándares establecidos por la Suprema Corte o el derecho internacional sobre derechos humanos”.

Olivos Portugal subrayó que “en ningún caso las o los jueces juzgaron los asuntos con perspectiva de género, y varios jueces refirieron verbalmente que la erradicación de la tortura es una ‘moda’ y que no verificarían el alegato hasta que la autoridad ministerial calificara los hechos como tortura”.

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