Cienfuegos planeó legalizar amapola en 2018; buscaba afianzar su imperio de tráfico de heroína hacia EU

Cienfuegos planteó legalizar amapola en 2018; buscaba afianzar su imperio de tráfico de heroína hacia EU 

Por Rivelino Rueda 

Foto: Edgar López (q.e.p.d.) 

Detrás de la declaración de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, aquel 5 de octubre de 2018, en el sentido de legalizar el cultivo de la amapola para uso científico y médico, había algo más que una propuesta para resolver el problema de la violencia en México y el combate al crimen organizado. 

El general secretario –aprehendido el jueves en la noche en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por agentes de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y enviado a una corte de Brooklyn, Nueva York, acusado de trasiego de México a Estados Unidos de heroína, metanfetaminas y marihuana, así como lavado de dinero entre 2014 y 2017–, lo que buscaba con ese comentario era “asegurar el trasiego de amapola y heroína desde Guerrero hasta Chihuahua, y consolidar en ese corredor del Pacífico su imperio del narco, de la mano de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva”. 

Un ex integrante de la Fiscalía General de Nayarit y un ex miembro de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, quienes optan por el anonimato, aseguran a Reversos que Salvador Cienfuegos, clasificado con los alias de “El Padrino” o “Zepeda”, de acuerdo con la ficha criminal que le levantó la DEA, “acordó, a base de chantajes, con gobernadores, alcaldes, funcionarios federales y estatales, jefes de regiones militares, y mandos de fiscalías y policías locales y federales, la siembra y el libre trasiego de la amapola (principal activo para la producción de la heroína) en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Chihuahua”. 

No es casual –coinciden ambos exfuncionarios estatales—que entre los años que establece la investigación de la DEA en contra del extitular de la Sedena (2014 y 2017) “se hayan dado los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde una línea de investigación es que un grupo de estudiantes tomó un autobús con un cargamento de heroína que tenía como destino la ciudad de Chicago”. 

Además, “la detención en Estados Unidos del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, a quien se le acusa de haber construido en ese estado un imperio criminal a partir del negocio de la siembra de la amapola, su transformación en heroína en laboratorios clandestinos en las sierras de Nayarit y Durango, así como su trasiego a Estados Unidos en autobuses de pasajeros, de los cuales también era propietario”. 

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Faltaban dos meses para que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República y para que el priista Enrique Peña Nieto dejara el cargo. El escenario no podía ser inmejorable: la inauguración del 41 Batallón de Infantería en Teloloapan, Guerrero. Salvador Cienfuegos Zepeda, “El Padrino”, lanzó el reto en una de sus áreas de influencia: 

“La despenalización de la producción de la amapola ya está en la mesa. Creo que puede ser una salida al problema de la violencia en México. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver es cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes, sino que la van a vender al gobierno para hacer la morfina”, planteó el secretario general aquel 5 de octubre. 

Al día siguiente, en Zacatecas, el en ese momento todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que conocía la declaración de Cienfuegos Zepeda respecto a la legalización de la amapola, y dijo que se recogería su punto de vista, así como “muchas otras propuestas para delinear las acciones con la que se combatirá la inseguridad en el país”. 

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue más allá tras estas declaraciones del extitular de la Defensa Nacional, quien comentó que le daba “mucho gusto” la propuesta del militar, e informó que el entonces gobierno entrante ya estaba trabajando con la ONU en el tema de legalizar el cultivo de la amapola para uso medicinal. 

Pero el exfuncionario de la Secretaría de Seguridad de Guerrero en la administración del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero asegura que ese planteamiento de Cienfuegos no se trató de otra cosa que de “una jugada maestra para perpetuar la eliminación de cultivos de amapola auspiciados por pequeños grupos delincuenciales locales y darle vía libre al gran negocio de esta droga, que controlaba él y los cáteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva”. 

“No sólo era el control aéreo y terrestre del cultivo, producción y trasiego de la heroína. El general Cienfuegos también controlaba y daba vía libre a los cargamentos de cocaína y metanfetaminas que venían de Colombia y de Asia a través de los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas, para luego asegurar su paso, sobre todo vía terrestre en autobuses de pasajeros, por las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Juárez”, anota la fuente anónima.  

Destaca que el exsecretario de la Sedena también está estrechamente ligado a la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que “desde un primer momento operó él directamente para no dejar huella de uno de los autobuses que tomaron los estudiantes en Iguala, que tenía un cargamento de heroína”. 

Expone que esa fue una de las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que hace unas semanas acaba de anunciar el gobierno federal a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que “miembros de Ejército tuvieron participación directa en la desaparición de los normalistas, y que incluso un grupo de estudiantes fue trasladado al 27 Batallón de Infantería, (en Iguala)”. 

De acuerdo con un informe del GIEI del 9 de septiembre de 2015, “el gobierno mexicano no tomó en cuenta ni abrió una nueva línea de investigación, ya que los estudiantes pudieron haber tomado, sin saberlo, un autobús en el que el cártel llamado ‘Guerreros Unidos’ (aliado de los Beltrán Leyva con presencia en Morelos y Guerrero) pudo transportar heroína o ganancias de la veta de drogas hacia Chicago, Estados Unidos”. 

“La Procuraduría General de la República (PGR) omitió mencionar en su averiguación que hubo un autobús de la compañía Estrella Roja, tomado por los normalistas. En el expediente sólo se menciona que hubo un autobús que fue tomado, salió de la central camionera y después fue inutilizado por los normalistas, pero no se analiza como parte de la escena del crimen. El quinto autobús fue el único que no fue atacado violentamente, como sí ocurrió con el que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, con la leyenda Castro Tours, y otros cuatro camiones tomados por los normalistas, dos Costa Line y dos Estrella de Oro”, señala el informe del GIEI. 

Cabe destacar que, desde la desaparición de los 43 normalistas, hasta que dejó el cargo, el 31 de noviembre de 2018, Salvador Cienfuegos en ningún momento permitió una investigación al Ejército por esos hechos, e incluso amagó en una ocasión –cuando se realizaron las grandes movilizaciones en la Ciudad de México y Chilpancingo, semanas después de esa tragedia—con “no tener que llegar al extremo de utilizar la fuerza pública”. 

El 10 de noviembre de 2014, el general secretario argumentó que “a diferencia del criminal o del delincuente, que se esconde y comete sus acciones ilícitas para arrebatarle la tranquilidad y el patrimonio a los mexicanos, los soldados que portan el uniforme de la República hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos nuestras tareas de manera abierta, sin ocultarnos, con plena identidad de nuestras acciones’’. 

No obstante, el pasado 26 de septiembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional “ha entregado mucha información de los Batallones de Infantería 27 y 35 de Iguala, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI)”, la cual “ya ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (FGR)”. 

Además, reveló, “la Sedena ha puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público, a todos los elementos del 27 Batallón para que declaren y reiteró que en algunos casos ya se han iniciado, los procesos penales”. 

“(Se entregó) toda la información del personal castrense, antecedentes, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías, videos y órdenes de operación”, detalló el subsecretario”. 

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El exintegrate de la Fiscalía General de Nayarit en los tiempos del fiscal Édgar Veytia y del exgobernador del PRI, Roberto Sandoval Castañeda –hoy investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción—afirma que el exsecretario de la Defensa Nacional tenía en ambos personajes a “dos incondicionales aliados” para el negocio de la producción y trasiego de heroína. 

“Era conocido en la Fiscalía que Veytia operaba con diversos laboratorios clandestinos para la producción de heroína. Hasta ahí llegaba la amapola que se sembraba en Guerrero y en distintas zonas del estado, limítrofes con Durango, y en esos laboratorios se contaba con los precursores para la producción de heroína, que luego iba a Estados Unidos. Luego de la detención de Édgar Veytia, Salvador Cienfuegos siguió operando estos laboratorios porque sabía de su importancia en el negocio de la venta de enervantes”, asegura. 

A principios de abril de 2017, este reportero realizó una investigación especial en Nayarit para el periódico El Financiero, dos semanas después de la detención de Édgar Veytia en la Unión Americana, en donde esta misma fuente reveló que uno de los principales proyectos del exfiscal de Nayarit era convertir a la entidad en la principal región de siembra y trasiego de amapola, así como de producción de heroína en México. 

“La disputa del estado por al menos tres cárteles (Jalisco Nueva Generación, del Golfo o los Zetas y los Beltrán Leyva), y los acuerdos de estos grupos con Édgar Veytia, no eran más que para tener el control de este multimillonario negocio ilícito, e incluso los cercanos al fiscal decían que la intención era desbancar a Guerrero en el asunto de la amapola”, relató. 

El llamado “fiscal sicario”, añadió, “argumentaba que el territorio nayarita era el ideal para la siembra de la amapola, sobre todo en regiones de la Sierra, además de que la cercanía con Estados Unidos superaba las expectativas de la droga que se traslada de Guerrero a aquel país, sobre todo en cuanto a costos y riesgos”. 

Veytia Cambero, el exfiscal de Nayarit, es acusado por una Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, de ser propiciador e introductor de cantidades importantes de cocaína, metanfetamina y heroína, es decir, la misma Corte y los mismos cargos que investiga y que acusa a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, exlíder del cártel de Sinaloa; a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y ahora al exsecretario de la defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda. 

Y es que, casualmente, el exintegrane de la FGN indicó que tras el nombramiento de Veytia Cambero como fiscal, en 2011, la entidad ha repuntó lugares y se convirtió en el segundo estado con mayor siembra de amapola y producción de heroína en México. 

Destacó, además, que incluso informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaban desde 2015 que en los 20 municipios de Nayarit se siembra la llamada adormidera. 

En aquella cobertura, dos exdiputados locales de oposición (que también pidieron el anonimato) aseguraron que el llamado “Lic. Veytia” se jactaba en reuniones, con su gente más cercana, que tenía laboratorios en la Sierra del estado, en donde se confecciona la heroína, específicamente en los ayuntamientos de El Nayar y Acaponeta, pero también en los municipios del sur del estado, como Compostela, Bahía de Banderas, Amatlán, Ahuacatlán, La Yesca e Ixtlán del Río. 

Un dato que llamó la atención a principios de 2016 fue el decomiso y destrucción en el poblado de San Isidro, municipio de La Yesca, el 28 de enero de 2016, de cuatro sembradíos con más de 461 toneladas de plantas de mariguana y amapola por parte de personal de la Policía Federal de Investigación Criminal. 

Para el 9 de febrero de 2016, en el poblado de El Limón, municipio de Jala, también elementos de la Policía Federal de Investigación, coordinados con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal (PF) y Policía Estatal, destruyeron, por corte, siete plantíos de amapola. 

El decomiso y destrucción correspondía a 620 mil 200 plantas del enervante, localizados en una superficie de 50 mil 950 metros, que significaban un total de 295 toneladas 280 kilogramos de amapola. 

Las fuentes consultadas aseguran que, “casualmente”, en estos decomisos nunca participaron elementos adscritos a la Fiscalía de Nayarit ni del Ejército, sino que se trataba de instituciones federales las que realizaban este tipo de aseguramientos. 

“Salvo cuando la presión del gobierno federal estaba muy fuerte, específicamente del secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), es cuando aparecía Veytia y sus elementos en estos decomisos”, comentó el exintegrante de la FGN. 

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Lo anterior coincide con el informe “México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC). 

En el documento, en donde participaron distintas dependencias del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se señala que la superficie de cultivo de la amapola en México se estimó en 30,600 hectáreas entre julio de 2016 y junio de 2017, mientras que entre julio de 2014 y junio de 2015 el cultivo de la amapola tuvo un estimado de 26,100, un crecimiento de 4,500 hectáreas, ubicadas principalmente –según el informe—en los estados de Guerrero, Nayarit, Durango y Chihuahua. 

El estudio de la ONODC subraya, además, que “no existe un solo factor que pueda explicar el aumento del 21% del cultivo de amapola entre 2015-2016 y 2016-2017. 

“Las investigaciones sobre terreno en Afganistán y Myanmar han demostrado que los factores subyacentes al cultivo de la amapola son polifacéticos y diversos, como la pobreza, las escasas oportunidades de empleo, la falta de servicios de salud y educación, el acceso limitado a los mercados y los problemas relacionados con el Estado de derecho y la seguridad”, añade el documento. 

No obstante, para julio de 2019 la UNODC reveló que el 96% de la producción de heroína a nivel mundial entre el 2014 y el 2018 se concentró en tres países: Afganistán, Myanmar y México.  

El documento también señala que el cultivo de amapola en México se encuentra en áreas de difícil acceso, que se caracterizan por un bajo nivel de desarrollo económico, y son Durango, Chihuahua, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. 

Sinaloa, Chihuahua y Durango, que conforman el Triángulo Dorado, no son sólo conocidos por el cultivo de amapola, sino también por el cultivo generalizado de cannabis, que en su mayoría es exportado al mercado estadounidense. 

“El aumento de cultivo de amapola reportado en México fue en paralelo con una serie de actividades de aplicación de la ley, incluyendo un aumento de 32% en la erradicación de la amapola en México en el 2017, y 44% en las cantidades de heroína y morfina incautadas en el país”, detalla el informe. 

En ese contexto se da la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, “El Padrino” o “Zepeda”, quien en los últimos años buscaba afianzar su imperio de la heroína, en donde echó mano de todos los recursos humanos, materiales, logísticos y de inteligencia del Ejército Mexicano para convivir, proteger y dividirse las ganancias con los cárteles del narcotráfico que operan en el corredor del Pacífico.  

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