Disculpa pública del Estado a Lydia Cacho, un paso hacia la reparación del daño a la periodista

Por ARTICLE 19

El pasado 10 de enero, en un hecho sin precedentes, se llevó a cabo un acto de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano y disculpa pública a Lydia Cacho Ribeiro, por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en su agravio en diciembre de 2005.

La periodista y defensora de derechos humanos, recibió en voz de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la disculpa por parte del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión, libertad y seguridad personales, a no ser sometida a torturas, a la no discriminación en razón de género, y acceso a la justicia.

Frente al presidium, conformado por Olga María Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Ana Cristina Ruelas, Directora Regional de ARTICLE 19; Jesús Peña, Represente Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Juan Ramón de la Fuente, Representante del Gobierno de México ante las Naciones Unidas, Encinas Rodríguez reafirmó el compromiso pleno del Estado de cumplir con la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su caso, en particular con la sanción de todos los responsables y las garantías de no repetición.

Para ARTICLE 19 el evento es un muy paso importante y significativo en la reparación del daño a Lydia Cacho, trece años después de ocurridas las violaciones a sus derechos humanos por la publicación del libro “Los demonios del Edén”. Sin duda, escuchar por primera vez en voz de un alto funcionario del Estado mexicano que se reconocen la vulneración de sus derechos y se pide una disculpa por ello es un acto con un potencial efecto reparador.

Sin embargo, es un punto de partida, no de llegada. Para lograr restañar en todas sus dimensiones a la periodista y defensora de derechos humanos, tal como lo ha reconocido el propio Estado mexicano en voz de Alejandro Encinas, quedan asignaturas relevantes pendientes de cumplir como la captura, enjuiciamiento y sanción a los responsables materiales e intelectuales.

En el mismo sentido, resulta urgente que el Estado mexicano adopte medidas  de carácter estructural para revertir el patrón de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, así como erradicar la impunidad concomitante.

Sin garantías de no repetición, la probabilidad de que ocurran similares violaciones a derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a expresarse libremente e informar a la sociedad, es muy alta.

No debemos perder de vista que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y según la propia CIDH, el más peligroso de América Latina.

Tampoco podemos dejar de lado que la tortura sexual contra mujeres detenidas por fuerzas de seguridad y castrenses, es un patrón sumamente alarmante que debe revertirse.

El caso de Lydia Cacho es un botón de muestra de cómo actúan las autoridades policiales y militares cuando tienen a mujeres bajo su custodia, recurriendo a la violencia sexual como una forma de castigo o escarmiento.

Dicho patrón es materia de preocupación y condena enérgica por parte del Comité de Derechos Humanos en este caso; pero también por parte de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y apenas en diciembre pasado, en el caso de once mujeres denunciantes de tortura sexual ocurrida en el marco de la represión San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Por todo lo anterior, desde ARTICLE 19 consideramos enconmiable que el Estado mexicano avance en el cumplimiento de su deber de reparar integralmente, asumiendo pública y expresamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho.

Este hecho histórico debe ser un parteaguas  para iniciar una nueva etapa en la relación del Estado mexicano con quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo; erradicando por completo prácticas nocivas que van desde el hostigamiento y la intimidación, hasta la criminalización, persecución y vulneraciones graves a la libertad, integridad personal y vida de integrantes de estos grupos de población.

Para ello, es vital que se adopten políticas integrales con enfoques preventivos pero también que se combata de manera decidida la impunidad. Solamente así podremos avanzar en la consecución de una democracia verdadera.

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