El aumento de gastos superfluos en detrimento de mayor gasto social ha sido una característica clave de la saliente administración: Fundar

 

Texto y fotos: Mónica Loya Ramírez

 

La presentación del informe “Fue un mal año. No, menos, como seis”, es el tercer ejercicio de balance sexenal que realiza Fundar, organización fundada en el año 2000, a la par de la primera alternancia del partido en el poder.

El ejercicio de evaluación toma como referente el sexenio 2012-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo como el principal instrumento para definir la agenda nacional, e incorpora la notoria centralidad del presidente que caracterizó a esta administración.

Para Fundar, no sólo fue un año en el que la narrativa de la Presidencia sumamente optimista contradecía con las alarmas sobre México derivadas de la violencia por el narcotráfico y la crisis económica de unos años atrás.

 

 

También lo fueron los años restantes de la administración, la cual deseaba reemplazar nuestras crisis a cambio de aplausos por la aprobación del más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas en la memoria del país.

Casi cinco años después, se afirma, queda claro que los beneficios que supuestamente traerían las llamadas “reformas estructurales” a nuestro país no solo no llegaron, sino que el sexenio que concluye se desahogó con un gobierno diezmado en su capacidad operativa, en su margen de acción política y en su credibilidad y legitimidad social.

El informe se dividió en varios capítulos, entre los que destacamos los siguientes:

Corrupción y Contrapesos: La batalla perdida

En este rubro se destaca que aunque este sexenio se aprobó una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de avanzada, su aplicación todavía enfrenta desafíos. Las dependencias federales y estatales siguen teniendo prácticas regresivas, como la limitación de la información que proveen bajo el argumento de que “no pueden generar documentos ad hoc”, o la entrega de información de documentos en formatos que no son abiertos y no permiten su manipulación.

A pesar de que a inicios del sexenio hubo avances sustanciales en el combate a la corrupción, fue hasta 2015, con el escándalo de la Casa Blanca, cuando se impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, siguen sin designarse los titulares del sistema, como los magistrados anticorrupción o el Titular de la Fiscalía Especializada, además de la integración de varios sistemas locales anticorrupción, entre otras medidas.

Prevaleció la impunidad: Existen más de 15 procesos abiertos contra ex gobernadores  que no se han resuelto a la fecha. Dichos funcionarios construyeron amplias redes de corrupción política y actuaron al amparo, o por la omisión, de distintas agencias federales y estatales de procuración de justicia, de control y de rendición de cuentas.

Seguridad y Justicia: La deuda del Estado

La ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) 2017 muestra que, durante 2016, se inició averiguación previa en 6.3% del total de los delitos. Lo anterior representa  93.7% de los delitos donde no hubo denuncia porque no se inició investigación.

En el caso de los delitos como el homicidio, se estima que entre principios de 2007 y hasta 2012, sólo se produjeron condenas en aproximadamente uno de cada diez casos.

Para las desapariciones forzadas, a pesar de la magnitud del fenómeno (poco más de 35 mil casos conforme al último corte de abril de 2018 del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas), ninguna de las sentencias existentes sobre este delito se refiere a casos ocurridos en el contexto de violaciones sistemáticas sucedidas durante la estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada.

Para Fundar, esta administración se caracterizó por una política de derechos humanos a la cual se sobreponía una política de seguridad nacional que permeaba todo el actuar gubernamental bajo la premisa de que la protección de las instituciones prevalecía sobre la protección de las personas.

Política Fiscal: El fracaso contra la desigualdad

Entre los problemas detectados es que tenemos una política fiscal que beneficia a las personas más privilegiadas, una desigualdad que genera, a su vez, que las personas con mayores ingresos sean quienes tengan el poder de hacerse escuchar y de controlar los asuntos públicos.

La caída del precio del petróleo en los primeros tres años de la administración fue acompañada de un aumento de la deuda que alcanzó un saldo neto de 10.88 billones de pesos al cierre de 2017, con un crecimiento acumulado de 41% en los primeros cinco años de esta administración.

Dicho aumento implica destinar más para su pago e intereses, ya que en 2017 ascendió a 533 mil 351 millones de pesos, el monto más alto en los últimos diez años.

Esto pone en evidencia la baja recaudación fiscal que hay en nuestro país respecto al tamaño de la economía nacional, que se ubica en 17.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, apenas 4 puntos porcentuales por encima de su nivel a principios del sexenio.

Este indicador ubica a México en el último lugar de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y a la cola de América Latina, con niveles recaudados como los de El Salvador, una de las economías más pobres del continente.

Aunque la reforma hacendaria emprendida por este gobierno elevó la recaudación, con algunos nuevos gravámenes, algunas políticas no fueron del todo eficaces y otras se eliminaron.

Por ejemplo, en el periodo entre 2014 y 2017, en promedio se recaudó anualmente 689.07 millones de pesos por concepto de ganancias por la venta de acciones en bolsas de valores, equivalente apenas a 0.8% de lo que se ingresa por ISR, en un país donde la distribución de los  activos financieros es aún más desigual que la de los no financieros, con 80% de su propiedad en manos del 10% más rico.

A partir de la información  disponible y actualizada, de un total de 3 mil 917 personas morales que en el periodo 2015-2017 accedieron al perdón de multas fiscales por un total de 4 607.28 millones de pesos, 10% de ellas acumularon 88.4% de dicho monto, equivalente a 4 074.93 millones de pesos.

A pesar del difícil contexto para las finanzas públicas, la saliente administración ha mantenido un nivel creciente de gasto público, que pasó del 25.1 al 27.5 del PIB entre 2012 y 2016. Sin embargo, eso no se ha traducido en beneficios para la población más vulnerable. Se expone el caso del incremento año con año de la publicidad oficial, a pesar de los recortes presupuestarios y de la disminución de los ingresos previstos.

La administración de Peña Nieto ha ejercido más de 36 mil 261 millones de pesos de 2017 en publicidad oficial, monto que rebasa en dos mil millones el presupuesto del Programa de Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México, de 2016 -34 mil 722 millones de pesos, que benefició a 1.3 millones de estudiantes de 3 a 14 años.

Para Fundar, se concluye, luego de toda la evidencia presentada, que la política fiscal en México no ha sido utilizada como un instrumento para combatir las desigualdades o la pobreza, ni para contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de derechos.

El aumento de gastos superfluos en detrimento de un mayor gasto social ha sido una característica clave de la saliente administración federal, con una caída en la inversión pública y en el gasto social hasta niveles históricos.

 

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