El silencio corrupto… la Omertá mexicana

Por: Armando Martínez Leal

@armandoleal71

La obscura noche de la obstinación

que abraza la vitoria de los poderes de la luz,

de un divino incendio cósmico

Walter Benjamin

El pasado 17 de julio, el ex director de PEMEX y operador financiero del PRI, Emilio Loyoza llegó a México después de que sus intentos por negarse a la extradición fracasaron. Loyoza negoció su entrega con la Fiscalía General de la República para obtener beneficios en sus condenas.

Al paso de los días hemos sido testigos de declaraciones ante el Ministerio Público y demandas por la actuación de expresidentes: Salinas, Calderón y Peña; así como diversos miembros de las bancadas del PAN, PRI y PRD. Las acusaciones que penden sobre Loyoza son “lavado de dinero, cohecho y fraude”, miembros de la familia Loyoza, su madre, esposa y hermana fueron cómplices de las operaciones financieras fraudulentas; a la postre se señala que la entrega a las autoridades mexicanas se debe fundamentalmente para salvar a sus familiares.

Lozoya es la punta de la madeja de la corrupción neoliberal de los últimos cuarenta años pasa desde la adquisición de dos empresas chatarras: Agro Nitrogenados y Fertinal, el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, así como operaciones para la compra de votos en la elección del 2012, donde el mexiquense Peña ganó las elecciones producto de violaciones a la ley.

La trama Lozoya puede llevar a lo que periodistas como Carmen Aristegui han insistido, en la concreción de un Maxi proceso que devele de una vez por todas la corrupción del régimen neoliberal. Durante más de cuatro décadas la nación sufrió uno de los grandes saqueos producto de una “élite político-económica” que vio al presupuesto público como una caja chica para obtener millones de pesos.

Poco a poco hemos sido testigos de las huellas de la corrupción neoliberal: panista, priista y perredista. El pasado viernes 21 de agosto, el periódico Milenio reportaba en sus páginas principales: “UIF investiga al círculo íntimo de Felipe Calderón Hinojosa”, la nota firmada por la periodista Jannet López Ponce, da cuenta de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo.

Los ex senadores del PAN Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la UFI debido a que han realizado movimientos bancarios que no corresponden con sus ingresos.

En el caso de Javier Lozano, aguerrido prianista se detectaron movimientos por más de 370 millones de pesos, Gil Zuarth por más de 31 millones de pesos, estos dos ejemplos son prueba del tipo de transacciones y la vida que realizan estos exfuncionarios públicos, ellos también están inmiscuidos en las acusaciones hechas por Loyoza, recibieron grandes cantidades de dinero para la aprobación de las reformas estructurales del llamado “Pacto por México”.

La corrupción es uno de los principales lastres de la historia reciente mexicana. Diversos estudios han planteado la correlación que existe entre los altos niveles de corrupción e impunidad y la desigualdad económica. Mientras estos exfuncionarios públicos gozan de operar cuentas bancarias con cantidades estratosféricas de dinero, México ha sostenido un índice de desigualdad económica comparable a la que existía antes del estallido revolucionario de 1910.

Más de la mitad de la población mexicana se encuentra en la pobreza, a cambio de un crecimiento de la riqueza del uno por ciento de la población. Ese uno por ciento está compuesto por empresarios que no pagan impuestos, que han generado estrategias, no sólo para evadirlo, sino para que el Fisco les devuelva impuestos.

Ese uno por ciento de la población más rica de México está compuesto por exfuncionarios y políticos que se han robado dinero de la hacienda pública, que han hecho negocio con la Patria, vendiendo su voto a cambio de una maleta repleta de fajos de billetes que dan la suma de 19 millones de pesos.

México experimenta un fenómeno a todas luces excepcional. Hace menos de tres años era inimaginable que la acusación de cohecho a un expresidente de la República condujera a una diligencia o investigación; hoy podremos estar en la antesala de que al menos tres expresidentes sean llamados a testificar; esto implica un reto para el marco institucional mexicano.

Sin bien en el pasado proceso electoral de 2018, la izquierda obtuvo un triunfo contundente, lo que ha implicado una transformación en las políticas publicas tanto del Estado como del gobierno, lo cierto es que las instituciones políticas siguen funcionando bajo la inercia de la complicidad e impunidad.

Lo cual implica un reto mayor, ya que, si bien hay un conjunto de incentivos para combatir la corrupción y realizar investigaciones que lleven a los culpables a la cárcel, lo que también es cierto, es que romper de tajo con la inercia de impunidad no se logrará en pocos años; iniciamos sí, un proceso donde la voluntad de cambio y de lucha contra la corrupción son fundamentales, pero también estamos frente a uno de los grandes retos de la 4ta Transformación.

No porque no esté dispuesta a combatir la corrupción, sino por que los intereses que se apresta a lidiar han demostrado estár por encima del poder político y del Estado. No será fácil la batalla contra la corrupción, se necesita toda la fuerza del Estado, pero también el acompañamiento del pueblo de México.

Los mexicanos que votamos aquel primero de julio por una transformación, estamos obligados a seguir atentamente el proceso contra la corrupción neoliberal, a exigir que los culpables vayan a la cárcel, pero también a fortalecer y apoyar dicha lucha.

La experiencia es totalmente excepcional, no hay punto de equiparación en la historia de México de una cruzada a este nivel. Por ello es necesario que los actores públicos estén a la altura de las circunstancias históricas. El grueso de la prensa mexicana ha demostrado no estar interesada en apoyar la cruzada. Aquí no se trata de apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador sino de apostar por un proceso histórico urgente para la patria.

Los procesos iniciados a partir de la captura y llegada de Emilio Lozoya a México; así como, el conjunto de denuncias y la información que poco a poco se ha ido obteniendo demuestran el grado de descomposición de la clase político-empresarial. La disyuntiva histórica que tenemos enfrente implica desmontar el sistema de corrupción neoliberal o bien perpetuarlo.

Hay quienes están interesados en la permanencia de ese viejo orden, aquellos que solazándose en el cinismo, dicen que todo esto es un teatro, el viejo melodrama de la política prianista; sin embargo, no hacen un análisis real de las condiciones objetivas que México enfrente parece que apuestan al fracaso de la 4ta Transformación; tal vez, porque ellos se han beneficiado de los millones de pesos que se repartieron durante décadas para mantener el silencio cómplice.

Un silencio que ha generado más de 65 millones de mexicanos en la pobreza, un silencio que ha generado más de 250 mil mexicanos muertos por la “guerra” del corrupto Calderón. El código de honor siciliano de la mafia prohibía denunciar, hablar de las actividades de la mafia: Omertá. El régimen político mexicano creó un pacto que inhibía la búsqueda de la verdad, el silencio es un pacto de complicidades.

Hoy un reducido grupo de mexicanos están sumamente interesados en mantener ese pacto de silencio, desde políticos como Javier Lozano, pasando por más de una docena de periodistas y opinadores hasta grandes empresarios que se han beneficiado de la corrupción. El reto es romper el silencio cómplice.

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