Estrés hídrico y desigualdad, factores que encarecen el agua

Por Redacción Reversos 

Si se reporta una disminución significativa en la cantidad y calidad disponible de agua dulce necesaria para satisfacer las necesidades de agua dentro de una región, esta situación puede relacionarse con el estrés hídrico, el cual mide la proporción de extracción en relación con la disponibilidad de agua. 

Aún más, el estrés hídrico es impulsado por el crecimiento demográfico y económico, así como por el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, aseguró Karina Caballero Güendulain, académica de la Facultad de Economía. 

Hoy en día, el estrés hídrico afecta a una cuarta parte de la población mundial. No es un problema exclusivo de los países en desarrollo, y de no haber un cambio en sus causas, parece que seguirá aumentando, lo que tendrá efectos nocivos para la vida humana, la seguridad alimentaria, la salud, y afectará las actividades económicas. 

Asimismo, incidirá en el desplazamiento de millones de personas en busca de lugares en los cuales puedan tener acceso al preciado recurso en los próximos años, alertó. 

En tanto, la demanda de agua dulce continúa en aumento de manera significativa debido al crecimiento poblacional, al desarrollo económico y a los patrones de consumo, lo que incrementa el uso del agua para las necesidades domésticas, industriales y agrícolas.  

Cabe advertir, dijo, que la agricultura representa alrededor de 70 por ciento del uso del agua dulce global, lo cual hace que la cadena de suministro de alimentos y bebidas sea altamente sensible al estrés hídrico. 

Actualmente se observa una enorme desigualdad en la disponibilidad de agua en las sociedades, asociada, en primer lugar, a factores geográficos, pero también está presente la falta de infraestructura hídrica, la baja aplicación de tecnologías innovadoras y el hecho de no modernizar políticas, regulaciones y prácticas de gobernanza, refirió Caballero Güendulain. 

Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis mundial del agua, continuó, radica en que quienes menos pueden pagar el acceso al agua, desembolsan un porcentaje desproporcionadamente alto de sus ingresos por ella. Por ejemplo, un hogar que no tiene el servicio de agua potable tiene que gastar en agua embotellada y camiones cisterna para satisfacer sus necesidades de consumo. 

El agua, desde el punto de vista económico, puede considerarse una mercancía cuya valoración monetaria expresa su escasez; además, la apropiación privada y su precio se pueden usar como reguladores de su explotación intensiva, subrayó en entrevista. 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, los cuales son esenciales para llevar a la práctica otros derechos humanos. De tal suerte que reconocer esta premisa es un exhorto a que los países proporcionen el suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

Tal contraposición de perspectivas del agua genera enconadas discusiones respecto a los precios o tarifas que se tienen que pagar, más aún si se tuviera que pagar por ese derecho, detalló. 

Así, en la búsqueda de regular la explotación excesiva del agua, se han usado los precios para limitar el consumo. En México, acotó, el artículo 27 constitucional establece que el agua es un bien de la nación y confiere al Ejecutivo su administración. 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua otorga concesiones a particulares, industrias y organismos operadores para usar las aguas de propiedad nacional a cambio del pago de ese derecho.  

Las tarifas de agua son fijadas de forma diferente en cada municipio, e incluyen los costos de abastecimiento de agua (captación, potabilización y traslado), alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. De ahí que, en el caso mexicano, no se paga por el agua sino por los costos de llevar el agua a los hogares y empresas. 

Por lo que se refiere a la Ciudad de México, las fuentes locales se encuentran sobreexplotadas, fenómeno que obliga a traer el agua de cuencas lejanas, lo que implica un costo elevado, mismo que no se ve reflejado en la tarifa de agua que pagan los capitalinos, señaló Caballero Güendulain. 

Recientemente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció un incremento de 35 por ciento en el pago del agua en 165 colonias, si el consumo de los hogares excede los 60 mil litros de consumo en seis meses. 

El agua puede considerarse un bien inelástico, es decir, la cantidad demandada disminuye muy poco ante un incremento en su precio, debido a que es un bien necesario; sin embargo, este incremento puede inducir a cambios de comportamiento en su consumo debido a que el incremento no es menor.  

De manera que los habitantes de esas colonias posiblemente comiencen a tomar medidas como reparación de fugas, cambio de muebles sanitarios por ahorradores, duchas más cortas, entre otras previsiones, consideró. 

En contraste, en otros países el agua es concebida como una mercancía, cuyo precio está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Operan mercados de agua y bancos de agua, donde se establecen acuerdos entre personas que cuentan con derecho de uso del agua y usuarios que la necesitan. 

El caso más extremo, alertó, se registró en diciembre pasado, cuando el recurso hídrico comenzó a cotizar por primera vez en el mercado de futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago, con 1.1 miles de millones de dólares en contratos vinculados a los precios del agua en California. 

El agua que ahí se comercializa es para uso agrícola e industrial. Este mercado permite a los agricultores fondos de cobertura y a las municipalidades realizar estrategias de cobertura sobre el precio futuro del agua y la disponibilidad de agua en el oeste americano. 

La región es una de las más afectadas por las sequías e incendios, alimentados por el cambio climático, de ahí que contar con un instrumento de cobertura como el referido resulta útil para lidiar con la incertidumbre de precios y prever los gastos que se tendrán que erogar por el recurso en un futuro cercano, expuso. 

No obstante, considerar el agua como un bien comercializable pone un derecho humano básico en manos de instituciones financieras e inversionistas, lo cual resulta aún más riesgoso si se considera el cambio climático, que altera los patrones de precipitación y aumenta la escasez de agua, concluyó. 

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