Fiscalía de Puebla debe considerar la labor en defensa de la tierra de Manuel Gaspar como posible motivo de su asesinato: AI

Por Rivelino Rueda

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), emplazó a la Fiscalía de Puebla a incluir dentro de la línea de investigación del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor del territorio y el ambiente en Cuetzalan, la posibilidad de que su muerte estuviera relacionado con su labor social.

Luego de que la semana pasada el fiscal regional del Estado de Puebla, Jaime Huerta, declaró que el asesinato obedecería a “problemas personales”, tras la detención de una persona supuestamente vinculada al crimen del defensor del territorio, la representante de AI señaló que la Fiscalía está enviando un mensaje de impunidad y alentando otros ataques contra personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.

“Es imprescindible que las autoridades conduzcan una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que incluya a aquellas personas que hubieren ordenado o planeado el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez”, recalcó.

El líder campesino y defensor de los derechos indígenas sobre el territorio y el agua fue encontrado muerto la mañana del lunes 14 de mayo de este año en un motel de Cuetzalan, ultimado con arma punzocortante.

Gaspar Rodríguez fue integrante de la coordinación estatal del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), quien participaba en la lucha contra la imposición de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Cuetzalan.

También había participado en un Foro Nacional de Defensa del Agua, en donde ventiló la colusión de autoridades federales y estatales con empresas particulares para la realización de “proyectos de muerte” en las cuencas hidrológicas poblanas.

Junto con Alfredo Guerrero Santos, Rodrigo Esteban Mora y Enrique López Hernández, el activista estaba sujeto a una querella interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la CFE, debido a su oposición al proyecto de una subestación eléctrica que la llamada empresa productiva del estado pretendía construir en Cuetzalan.

Manuel Gaspar era originario de Ayotoxco, Puebla, y formaba parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC). A principios de este año impulsó la lucha que derivó en la clausura del basurero a cielo abierto en Cohuatichan, municipio de Cuetzalan.

En 2017, había encabezado las caravanas indígenas y campesinas del 7 y 22 de marzo, movilización que derivó en la toma del Congreso de Puebla y logró echar abajo la intención del gobierno estatal por reformar el sexto de la Constitución local, que abría paso a la privatización del agua en todos los municipios de la entidad.

También participó el 17 de marzo pasado en las Caravanas por la Vida que se movilizaron hacia Ixtacamaxtitlán, en protesta por las minas a cielo abierto concesionadas a canadienses para la extracción de oro y plata en esa localidad.

Al respecto, Érika Guevara Rosas reiteró su llamado a las autoridades mexicanas a incluir dentro de la línea de investigación la posibilidad de que el ataque a Manuel Gaspar estuviera relacionado con la labor como defensor de los derechos al territorio y al ambiente, “antes de pronunciarse precipitadamente sobre las razones que motivaron a su asesinato”.

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