Los 91 mil 460 asesinatos registrados del 2016 a la fecha, tienen una razón: funcionarios “manosearon” el presupuesto de seguridad en los últimos tres años de Peña Nieto

Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400

El coletazo de la violencia que se vive en todo el país, no es fortuito. Más allá de los efectos que sobre ella ha tenido la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación y su guerra contra otros carteles en la disputa de territorios, existe otra razón: durante los últimos tres años del presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios de los tres órdenes de gobierno manosearon indiscriminadamente el presupuesto destinado al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Por eso el debilitamiento de las policías estatales, municipales y de la misma federación; el presupuesto de casi 7 mil millones de pesos que se destinó al combate a la delincuencia, se aplicó en menos de un 45 por ciento. De la mayor parte del presupuesto no se conoce su destino ni la forma en que este fue ejercido, según se observa en los informes públicos generados del 2016 al 2018 por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En ese lapso, en los últimos tres años de gobierno de la pasada administración, la ASF emitió al menos 213 observaciones a 184 entidades de gobierno, principalmente municipales y estatales, para exigir el esclarecimiento del manejo de los recursos económicos que la federación hizo entrega para el combate a la delincuencia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

Solo así se explica que las policías estatales y municipales, incluyendo a la misma policía federal, no cumplieron con sus metas de protección a la comunidad, lo que se refleja en el índice de homicidios que repuntó en un promedio entre el 5 y el 7 por ciento en los años 2016, 2017, 2018 y hasta agosto del 2019, donde la suma acumulada de ejecuciones en este periodo ya llega a los 91 mil 460 decesos violentos.

Según los datos públicos de la ASF, al fiscalizar la cuenta pública del 2016, 2017 y 2018 en muchos de los municipios que recibieron recursos como parte del programa de Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, no hubo cabal trasparencia en el ejercicio de los fondos federales destinado a dicho fin.

Las observaciones que hizo la ASF van desde subejercicios, falta de control interno, violación a la normatividad de adquisiciones hasta incumplimiento de metas y transparencia. Estos eventos ocasionaron quebrantos a la hacienda pública federal, al no haberse ajustado la aplicación de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad tal como lo establece la norma federal. Es decir, hubo saqueo de fondos públicos por parte de los encargados del manejo de los dineros.

La SEGOB de Osorio Chong, Bajo la Lupa

A lo anterior se suma también la deficiencia de la propia Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio, dentro del programa Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, en donde la ASF detectó irregularidades en las metas trazadas, de acuerdo con la Auditoría de Desempeño 16-0-04100-07-0016, en donde se establece el incumplimiento de actividades en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas.

Según de los datos de la ASF, la Secretaría de Gobernación planeó 166 actividades de estrategia para la prevención social del delito en todo el país, de las que solamente se llevaron a cabo 153, es decir el 92.2 por ciento de la meta; de las 75 actividades programadas con la participación de la Comisión Intersecretarial, solamente se realizaron 58, que representan sólo el 77.3 por ciento de la meta establecida.

El incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito tuvo un impacto directo en el incremento y repunte de la violencia en ese y los subsecuentes años, pues muchas de las acciones programadas en el 2016, 2017 y 2018 estaban destinadas a aplicarse en los 108 municipios más conflictivos de todo el país.

Muchas de las acciones que no fueron cumplidas por la Secretaría de Gobernación, pese a contar con los fondos económicos para ello, fuero en relación con la atención a los factores de riesgos identificados como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas, el abandono escolar, la falta de oportunidades laborales, la carencia de la participación ciudadana, los entornos de ilegalidad, los espacios públicos insuficientes y deteriorados, y la marginación y exclusión social.

Tras la observación realizada por la ASF a la Secretaría de Gobernación, de donde resultaron dos observaciones que fueron solventadas antes de la integración del informe, la instancia fiscalizada acató “la implementación de mecanismos de control que permitan disponer de información suficiente, confiable y pertinente de las estrategias en materia de prevención social realizadas por la entidad en cada uno de su procesos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, y diseñó procedimientos para mejorar la rendición de cuentas de los resultados del programa presupuestario.”

Falta de Transparencia y Policías Mal Evaluados

Otro renglón en donde la ASF encontró si no deficiencia al menos sí falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementos de seguridad pública por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país.

En ese sentido, se encontró que el Secretariado Ejecutivo evaluó a 332 mil 364 policías inscritos dentro del Servicio Profesional de Carrera, que equivalen al 99 por ciento de todos los policías del país, de los que 291 mil 337, que representan el 87 por ciento, acreditaron con el principio de integridad, sin embargo, la entidad fiscalizada -dice el informe- sólo dispuso de información respecto de la capacitación del 34.9 por ciento, es decir un total de 117 mil 237 elementos, por lo que no fue posible validar si el 65.1 por ciento restante, se encontraba capacitado para desempeñar sus funciones, a fin de proteger a la población.

En la Policía Federal se Hizo Negocio hasta con los Uniformes

Entre las observaciones que la ASF ha realizado a la aplicación de los fondos de la cuenta pública del 2016 al 2018, aplicados al renglón de la seguridad pública, destacan las señaladas a la Policía Federal, en donde no existe claridad en el manejo del dinero que se destinó al programa de Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección, según el resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento marcada con el número 16-5-04L00-02-0020.

En este renglón se establece la “falta de aplicación de penas convencionales” por un monto de Un Millón 074 mil pesos, por concepto del atraso en el cumplimiento de la entrega de 2 mil 108 bienes (grados) los cuales nunca se entregaron, según lo establecido en el correspondiente contrato marcado con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016.

En su informe, la ASF establece que en la Policía Federal se recibieron, en el periodo del 5 de octubre de 2015 al 8 de julio de 2016, un total de 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesos, pero se registraron notas de entrada con precio unitario de un peso, y con la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad Cautelam”, para posteriormente, ser modificadas con el precio unitario señalado en el contrato.

“Las notas de entrada al almacén de la Policía Federal no cumplieron con los requisitos establecidos para la recepción de los bienes”, dice el informe de la ASF, en donde se resalta que “No se contó con la justificación ni autorización para efectuar cambios en los bienes solicitados en el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 de 490 uniformes de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron el mismo número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7 mil 700 pesos.

Por lo anterior, la ASF determino “recuperaciones probables por Un Millón 074 mil pesos”, que dieron origen a 10 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, en tanto que las otras siete dieron curso a nueve recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

En el renglón de Servicios de Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros, también la Policía Federa fue objeto de observaciones por parte del órgano fiscalizador de la federación, pues se determinó que esa dependencia “pagó en demasía por 108 mil 300 pesos, debido a que los entregables de las refacciones se facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato”.

Municipios, “El Talón de Aquiles”

Más allá de las deficiencias que la ASF detectó en la Secretaria de Gobernación, y en la Policía Federal, en donde la ineficiencia de los programas establecidos y el mal manejo de los recursos destinados a la seguridad pública pueden incidir en el creciente clima de inseguridad en el país, es en la administración de los fondos para la seguridad pública de los municipios en donde se observan la mayor cantidad de irregularidades.

En el municipio de Aguascalientes, por citar un ejemplo, la autoridad local incurrió en inobservancias de la norma administrativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos y transparencia de los mismos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 211 mil 600 pesos.

Lo mismo sucedió en el municipio de Jesús María, también del estado de Aguascalientes, en donde la ASF tuvo que solicitar la devolución de 161 mil 500 pesos a la tesorería de la federación, luego dichos fondos que se debieron aplicar a los costos de dictámenes de control de confianza de policías locales, nunca se ejercieron.

En el municipio de Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias, y 2 millones 730 mil 900 pesos no fueron pagados a proveedores que incumplieron en la entrega de bienes; allí, 81 mil 100 pesos simplemente no fueron utilizados para fortalecer la seguridad pública municipal.

En el municipio de Tijuana, Baja California, la autoridad local incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo federal de apoyo para seguridad pública, ya que el municipio no publicó -en su página de internet, ni en medios locales de difusión- los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, en donde se dejó de ejercer el 1.7 por ciento de los 54 millones 789 mil pesos recibidos.

En el municipio de La Paz, Baja California Sur, uno de los focos en donde se ha concentrado la violencia en los últimos meses, la ASF tuvo que reclamar la devolución de 3 millones 411 mil 600 pesos, de los cuales 3 millones 080 mil 200 pesos simplemente no fueron ejercidos, en tanto que otros 331 mil 400 pesos resultaron de la “la falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el retraso en la entrega de los bienes”.

En el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, otra de las ciudades más violentas del país, la ASF reconoció en su informes del 2016 al 2018, que hubo “irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros”, pues aunado al retraso con que se hizo la entrega de participaciones por parte del gobierno estatal, también “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público”.

En el municipio de Campeche, también saltaron a la luz las dudas sobre el manejo de los fondos destinados a la seguridad; allí, la ASF determinó “incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, en virtud de que el Gobierno del estado de Campeche no sujetó a evaluaciones de desempeño los recursos, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas”, lo que hizo que no se aplicaran fondos por 726 mil 900 pesos.

En el municipio de Carmen, también en el estado de Campeche, el órgano fiscalizador tuvo que solicitar la devolución de 632 mil 600 pesos que no se aplicaron en pago de becas a aspirantes a policía municipal, diplomado para mandos de la policía y cursos de capacitación y equipamiento para personal de seguridad pública, pese a que esos recursos que ya estaban autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ASF reclamó la devolución de Un Millón 641 mil pesos, luego que 835 mil 500 pesos no se reflejaron en las compras argumentadas de bienes para la policía local, y otros 805 mil 500 pesos se utilizaron para pagar bienes que no se ajustaron a las características y especificaciones solicitadas en los contratos de compra de la dirección de seguridad pública de ese municipio.

La lista sigue. En la capital de Chihuahua, el órgano fiscalizador solicitó la devolución del 0.3 por ciento de los 50 millones 935 mil 500 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, luego que esa proporción no fue utilizada por “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, adquisiciones, así como de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Lo mismo sucedió en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, otro de los municipios con más homicidios dolosos de todo el país, en donde la administración municipal no hizo uso del 2.7 por ciento de los 12 millones 269 mil 700 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local, esto como resultado del “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, transparencia, así como evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Otro municipio con graves problemas de seguridad, pero que se dio el lujo de devolver fondos a la federación, luego de que esos recursos no fueron aplicados en su programa de seguridad pública, fue Juárez, en el estado de Chihuahua, en donde la federación reclamó la devolución por 3 millones 731 mil pesos, luego que se encontró que no se pagó la evaluación del personal policiaco adscrito al municipio.

A la lista de municipios que no cumplieron cabalmente con el manejo de los fondos federales otorgados para el fortalecimiento de la seguridad pública, también se suman Saltillo, Coahuila, que dejó sin ejercer en el 2016 al 2018 el 1.1 por ciento de los 44 millones 860 mil 200 pesos otorgados por la federación; Villa de Álvarez, Colima, que tuvo que devolver Un Millón 754 mil 500 pesos que no ejerció oportunamente; el municipio de Durango, que no ejerció el 3.3 por ciento de los 20 millones 209 mil 800 pesos que recibió para mejorar la seguridad pública local.

Otros municipios observados por la ASF, por el incumplimiento en el manejo de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local, son Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo Nuevo, en Durango; Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Irapuato y León, en Guanajuato; Acapulco, en Guerrero, Guadalajara, en Jalisco, La Piedad y Tarímbaro, en Michoacán; Cuautla y Cuernavaca, en Morelos; Bahía de Banderas y Tepic, en Nayarit.

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