Grave crisis en México en materia de justicia reproductiva: GIRE

Por Redacción Reversos

Fotos: Alejandro Herrera Ortiz

En México no existen condiciones que permitan a las mujeres decidir sobre su vida reproductiva: hay elevados números de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar, señala el informe La pieza faltante. Justicia Reproductiva, realizado por el Grupo de Información en Justicia Reproductiva (GIRE).

Luego de un trabajo de años, esta organización civil presentó este estudio el pasado 15 de noviembre, en donde también alertó que en el país también existen obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación.

Además, criminalización de las mujeres que abortan; violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles, dejando familias atrás.

“A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las personas en México esté empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a ciertas prestaciones, como licencias de maternidad y estancias infantiles”.

El informe anota que las mujeres que siguen asumiendo un papel principal en las labores del hogar y de cuidados, cargan con esta falta de acceso a servicios, que afecta de manera particular a quienes, de por sí, viven condiciones múltiples de discriminación, como las niñas y adolescentes, las mujeres indígenas y las personas que viven con una discapacidad.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha trabajado por más de 25 años en la defensa y promoción de los derechos reproductivos en Mexico.

Durante este tiempo ha visibilizado los obstáculos normativos y estructurales para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en relación con su vida reproductiva.

Desde 2011, ha documentado el panorama de los derechos reproductivos en el país a partir de la publicación de informes periódicos, que dan cuenta de las deudas del Estado mexicano que, administración tras administración, se dejan en segundo plano.

La pieza faltante busca mostrar el estado de cinco problemáticas cuya atención es urgente para avanzar hacia la justicia reproductiva de las mujeres en México.

Para ello, se basa en fuentes documentales: leyes y normas administrativas federales y locales, datos estadísticos, información pública obtenida mediante mil 856 solicitudes de acceso a la información para el periodo de 2012 a 2017, así como casos de mujeres y familias que GIRE ha acompañado en su búsqueda por la justicia y por una reparación integral por violaciones a sus derechos humanos.

El panorama presentado pretende servir como punto de partida para determinar acciones concretas que permitan al Estado mexicano, en el contexto del cambio de gobierno, dejar atrás la inercia de considerar que los derechos humanos de las mujeres pueden quedar pendientes y que temas como la corrupción y la impunidad no tienen una relación con las experiencias que viven las mujeres en México todos los días. GIRE presenta

La pieza faltante con la convicción plena de que una verdadera transformación del país hacia una democracia más libre y justa no será posible si se deja de lado a las mujeres.

Embarazo adolescente

En México, el INEGI registró en 2017 que un total de 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron madres; de ellas, 9 mil 748 eran niñas menores a 15 años y 380 mil 341, adolescentes entre 15 y 19 años.

El embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial que requiere políticas públicas efectivas e integrales dirigidas a promover y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos amigables y sin discriminación, a prevenir y atender la violencia sexual, a impartir educación sexual integral, garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y a una atención médica especializada, entre otros.

La adolescencia, por definición, es el periodo de desarrollo entre los 10 y los 19 años y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.

El embarazo durante esta etapa constituye una cuestión de salud pública y derechos humanos que se asocia con riesgos en materia de salud tanto para las adolescentes como para sus hijas e hijos, puede obstaculizar su desarrollo psicosocial, repercutir negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, así como contribuir a perpetuar ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud.

Violencia sexual

El elevado número de embarazos en niñas y adolescentes en México no debe asociarse solo con el inicio temprano de la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a métodos anticonceptivos.

Es necesario también considerar las pocas oportunidades que tienen las personas jóvenes para concretar un proyecto de vida, así como la diversidad de condiciones que viven, incluyendo los altos índices de violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en México.

De acuerdo con la ENDIREH 2016, 10.09% de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo adolescente sufrieron algún tipo de violencia sexual. La misma encuesta revela que 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación en su infancia y reportaron un embarazo adolescente fueron atacadas por familiares; mientras 50.23% lo fueron por vecinos o conocidos.

Esta realidad hace necesario reconocer el papel de la violencia sexual en los embarazos de niñas y adolescentes en el país y atender de manera urgente la obligación por parte del Estado de garantizar el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres, además del acceso a servicios de emergencia reconocidos en la legislación, como la anticoncepción de emergencia y el aborto por violación.

Servicios para víctimas de violencia sexual

La anticoncepción de emergencia en México se ha incluido de manera progresiva en diversos ordenamientos de carácter general emitidos por la Secretaría de Salud, que todos los servicios de salud están obligados a cumplir. Éstos incluyen proporcionar información y servicios de anticoncepción de emergencia.

Desde enero de 2004, la anticoncepción de emergencia está incluida en la NOM 005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar (NOM 005), para los casos de relaciones sexuales voluntarias sin protección anticonceptiva, cuando se use un método y se presuma su falla y para casos de violación.

En julio de 2015, se incluyó un producto dedicado a la anticoncepción de emergencia en el Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Salud.

Por su parte, la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046), establece la obligación del personal de salud de proporcionar anticoncepción de emergencia hasta en un máximo de 120 horas a las víctimas de violación sexual.

La Ley General de Víctimas (LGV) también reconoce el derecho a acceder a estos servicios y establece que las entidades públicas que brindan asistencia a víctimas deben contar con personal capacitado en la atención de violencia sexual y con un enfoque transversal de género. La Ley establece que no debe existir ningún requisito adicional para solicitar estos servicios.

Para conocer el nivel de cumplimiento de estas normas, GIRE envió solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones de salud federales y locales, a efecto de conocer el número de mujeres, menores de 18 años, que han solicitado y recibido pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a octubre de 2017.

A nivel federal, solamente el Hospital Nacional Homeopático, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, informó haber entregado dos PAE a menores de 18 años.

Tanto la SEMAR como PEMEX respondieron no haber entregado ninguna durante el periodo solicitado. Llama la atención que el IMSS, el ISSSTE y el resto de las unidades dependientes de la Secretaría de Salud Federal no cuentan con información sobre el suministro de anticonceptivos de emergencia; sobre todo porque, de acuerdo con estimaciones del INEGI, 33.46% de las derechohabientes adolescentes se encuentran afiliadas al IMSS y 6.45% al ISSSTE.

Estas dos instituciones concentran alrededor de 40% de las mujeres adolescentes aseguradas, tan solo por debajo del Seguro Popular (57.43%). La ausencia de esta información imposibilita que se genere la política pública adecuada para garantizar el acceso a estos servicios y se evalúe correctamente la presencia de barreras existentes.

A nivel local, la mayoría de las instituciones de salud no especificó el número de mujeres que solicitaron PAE, sino solamente el número de pastillas entregadas, por lo que no es posible concluir si la demanda de anticonceptivos de emergencia fue atendida de manera adecuada.

Aunado a esto, nueve entidades federativas no distinguieron la entrega de PAE entre menores y mayores de 18 años, lo que impide estimar si se entrega la píldora a menores de edad en general y las barreras que pudieran existir en ese sentido.

Por otra parte, a pesar de que es obligación del personal de salud en todo el país proporcionar información y servicios de interrupción del embarazo producto de una violación sexual, GIRE ha documentado que las mujeres todavía enfrentan obstáculos para acceder a estos servicios, derivados tanto de confusión y desconocimiento acerca de la legislación vigente, como de prejuicios por parte del personal de salud.

De 2012 a septiembre de 2018, GIRE ha dado acompañamiento a 38 casos de negación de servicios de aborto, 26 de los cuales corresponden a mujeres menores de edad que han visto obstaculizado, por parte de las autoridades, el acceso a la interrupción legal del embarazo resultado de una violación sexual.

De acuerdo con la normativa vigente, basta una solicitud bajo protesta de decir verdad de que el embarazo es producto de una violación para acceder al servicio de aborto y, a partir de los 12 años, las adolescentes pueden solicitarlo sin necesidad de la compañía de madre, padre o tutor.

Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse requisitos adicionales, como una denuncia o una autorización por parte del ministerio público. Además, se imponen obstáculos injustificados, por ejemplo, la falta de personal médico o de equipamiento para practicarlo. 

El desconocimiento de las autoridades respecto a sus obligaciones deriva en violaciones a los derechos humanos de las niñas y mujeres que solicitan dichos servicios.

Acceso a anticonceptivos

El acceso a métodos anticonceptivos es un componente esencial para el ejercicio de los derechos reproductivos.

El Comité CEDAW en su Recomendación General 24 sobre la Mujer y la Salud estableció que los Estados deben emprender acciones para abordar todos los aspectos de la atención a la salud para mujeres y niñas, incluido el acceso a anticoncepción y recursos de planificación familiar.

En México la promoción de la anticoncepción es un paso hacia el cumplimiento a lo previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que cada persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, el número y espaciamiento de sus hijos.

Asimismo, el acceso a información y servicios de anticoncepción constituye un factor fundamental para atender el elevado número de embarazos en la adolescencia.

Al respecto, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) sobre el Derecho al Disfrute al Más Alto Nivel Posible de Salud establece que “El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tome en cuenta la confidencialidad y la vida privada, y prevea el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva”.

Por otra parte, la Observación General 22 del Comité DESC, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, establece que:

“Todas las personas y grupos, incluidos los adolescentes y jóvenes, tienen el derecho a recibir información con base empírica sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, entre ellos la salud materna, los anticonceptivos, la planificación familiar, las infecciones de transmisión sexual, la prevención del VIH, el aborto sin riesgo y la asistencia posterior en casos de aborto, la infecundidad y las opciones de fecundidad, y el cáncer del sistema reproductor”.

Asimismo, prevé que:

“Los Estados tienen la obligación de velar por que los adolescentes tengan pleno acceso a información adecuada sobre la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y los anticonceptivos, los riesgos del embarazo precoz y la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, independientemente de su estado civil y del consentimiento de sus padres o tutores, con respeto de su privacidad y confidencialidad”.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados eliminar la exigencia de consentimiento de los padres para el acceso a métodos anticonceptivos. En mayo de 2015, el mismo Comité recomendó al Estado mexicano asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales y adecuados para niños y niñas, incluyendo el acceso a anticonceptivos.

A pesar de estas obligaciones, de acuerdo con estimaciones del CONAPO, en 2014, la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos para mujeres en edad reproductiva a nivel nacional fue de 11.4%.

En comparación con 2009, esta cifra representa un incremento de casi dos puntos porcentuales en el promedio nacional. Ahora bien, al observar de forma exclusiva a la población de mujeres entre 15 y 24 años, la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos incrementa a un promedio nacional de 23.5%. Los tres estados con resultados más preocupantes en este indicador son Chiapas (34.3%), Oaxaca (33.9%) y Yucatán (31.6%).

Consejería para indígenas

El acceso sin discriminación a información y servicios de anticoncepción para personas indígenas representa un reto fundamental del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

En particular, las mujeres indígenas en México han enfrentado violaciones graves y sistemáticas a sus derechos reproductivos que van desde esterilizaciones forzadas, hasta malos tratos en servicios de salud y falta de acceso a información y servicios de salud en su idioma y con una perspectiva intercultural.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 54% de las mujeres indígenas en edad reproductiva fueron madres durante su adolescencia, porcentaje superior a quienes no hablan una lengua indígena (45.9%).

Respecto al uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes sexualmente activas, se tiene que seis de cada diez hablantes de alguna lengua indígena no usan métodos anticonceptivos.

La ENDIREH 2016 reportó que 20.08% de las adolescentes que se identifican como indígenas afirman haber tenido al menos un embarazo; cifra mayor a 16.15% de sus pares que no se identifican como tales.

GIRE realizó solicitudes de información pública a instituciones de salud locales y federales acerca de la presencia en los centros de salud de intérpretes para ofrecer consejería sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos en lenguas indígenas.

A nivel federal, es preocupante advertir que ninguna institución de salud reportó contar con personal capacitado para dar consejería en los idiomas locales diferentes al español.

El Hospital de la Mujer reportó que, al no contar con personal que hable lenguas indígenas o intérpretes capacitados en el tema, siempre solicitan que las mujeres acudan acompañadas de un familiar que hable español, a quien se le otorga información.

De forma similar, el IMSS informó que la consejería en planificación familiar en las unidades médicas del Régimen Ordinario se realiza en español, y localmente se apoyan en las personas acompañantes de las usuarias para la interpretación o traducción.

Esta situación evidencia un problema grave en los servicios de salud públicos, que trasladan su responsabilidad a las usuarias y sus familias, en lugar de garantizar un acceso libre de discriminación a estos servicios, que es obligación del Estado.

A nivel local, 16 entidades federativas reportaron no contar con intérpretes para brindar consejería e información anticonceptiva en lenguas indígenas.

Llama la atención que los servicios de salud de Zacatecas respondieran que no requieren de intérpretes puesto que en esa entidad no existen grupos indígenas, a pesar de que, de acuerdo con información del INEGI, 7.61% de su población se considera como tal. 

Otros casos que destacan son los estados de Guerrero y Oaxaca, ambos con una alta proporción de población indígena: el primero, no cuenta con personal capacitado para atender a personas en lenguas distintas al español y, el segundo, no reporta la información solicitada.

Ahora bien, las 15 entidades federativas que afirmaron contar con intérpretes en sus centros de salud no proporcionaron información acerca del número, su capacitación ni las lenguas que hablan, por lo que resulta imposible inferir si son suficientes para atender la demanda de las personas que pudieran requerir estos servicios.

El informe completo del GIRE puede consultarse en el siguiente enlace:

http://justiciareproductiva.gire.org.mx/#/

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