Guardia Nacional de AMLO, misma militarización pero con otro nombre: AI

Por Rivelino Rueda

Foto: Edgar López (Archivo)

Amnistía Internacional (AI) advirtió que el modelo de Guardia Nacional y el Plan de Paz y Seguridad 2018-2014 “es muy semejante a sexenios anteriores, sólo que con otro nombre”.

En el documento “La Guardia Nacional del presidente López Obrador: cinco realidades que hay que saber”, el organismo internacional defensor de los derechos humanos menciona que el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad ha sido acompañado de un aumento de quejas por graves violaciones de derechos humanos como tortura, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, entre otras.

“La información recolectada por académicos ha identificado la presencia de las fuerzas armadas como un detonante que causa de forma directa el aumento de la violencia en los municipios donde están desplegadas. 23 Uno de estos estudios muestra que los enfrentamientos muchas veces empiezan porque los militares se encuentran haciendo patrullajes y terminan persiguiendo a personas que consideran ‘sospechosas’, detonando así los episodios de violencia, sin contar con una orden de aprehensión o razones para disparar”, expone AI.

El documento señala que aparte de detener a personas de manera arbitraria, el Ejército y la Marina son más propensos a hacer uso de la fuerza letal.

Enfatiza, además, que la letalidad de las Fuerzas Armadas afecta vidas humanas. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2010, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fueron asesinados a manos de integrantes del ejército dentro del Campus Monterrey.

Amnistía Internacional recuerda que en su momento la SEDENA afirmó que los estudiantes eran delincuentes y que habían atacado a los militares, sin embargo, “más tarde se comprobó que eran estudiantes y que no habían atacado ni representaban ningún riesgo para los militares.

El organismo apunta que son diversas las denuncias y las quejas por violaciones de derechos humanos en contra de la Policía Militar (corporación castrense que servirá de base a la constitución de la Guardia Nacional), además de “haberse comprobado su responsabilidad en casos infames”.

En septiembre de 2018, expone AI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a elementos de la Policía Militar adscritos al 17° Batallón de la Policía Militar en el estado de Puebla por los hechos que resultaron en la ejecución de dos personas en Palmarito, Tochapan.

“Esta ejecución fue grabada en un video que se hizo público, mismo que Amnistía Internacional analizó, verificó y comentó27 en su momento, como muestra de la deficiente y violenta estrategia federal de seguridad. Además, las quejas por violaciones de derechos humanos específicamente en contra de personal de la Policía Militar aumentaron cuando incrementó el número de Policías Militares después de 2013”.

Hasta febrero de 2018, la Policía Militar contaba con unos 26 mil 366 elementos y el presidente ha anunciado que ahora cuenta con aproximadamente 30 mil. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha argumentado en algunas ocasiones que la Policía Militar está encargada de trabajar al interior de las Fuerzas Armadas, la realidad es que durante dos décadas la Policía Militar ha estado desplegada en tareas de seguridad pública en varios estados y en una variedad de operaciones militares.

Muestra de ello es el número de policías militares que han fallecido por “agresiones de arma de fuego” en varias partes del país desde, por lo menos, el año 2001, lo que podría sugerir que han participado durante años en operaciones que han terminado en enfrentamientos.

La Policía Militar reporta directamente a los mismos mandos que el resto de la tropa militar. Su capacitación es la misma que el resto del ejército: son entrenados con otros militares conforme su puesto de jerarquía militar, por ejemplo, cabos, sargentos, oficiales, y generales, y la misma SEDENA ha reconocido que la Policía Militar está disponible para responder en temas de seguridad pública, de la misma manera que hace el resto del ejército.

Las fuerzas armadas tienen un régimen y entrenamiento apropiado quizás para eliminar a un “enemigo”, pero no para realizar funciones policíacas, como son la protección de civiles y el uso de la fuerza como último recurso. Esto ha sido ya establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la Policía Naval, ha estado en las calles de Veracruz por lo menos desde 2011, y un batallón de la Policía Naval fue establecida en la Ciudad de México en 2016 con la misión de brindar seguridad y protección al Edificio sede de la Secretaría de la Marina. La Policía Naval responde a los mandos de la Marina Armada de México.

No existe información pública sobre cuantos elementos integran la Policía Naval, solo hay declaraciones de oficiales a la prensa que estiman que son alrededor de 10 mil elementos. Según el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras.

La Guardia Nacional “estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”. Estas disposiciones indican que la Guardia Nacional tendrá un carácter claramente militar.

Ante este panorama, Amnistía Internacional subraya que aunque el Plan de López Obrador dice que la Guardia Nacional tendrá una formación distinta, “no hay certeza de que el entrenamiento de la Guardia Nacional será diferente a lo que han tenido militares antes”, ya que “han tenido miles de capacitaciones en derechos humanos, pero esto no ha mejorado la seguridad de las personas”.

Al respecto, el organismo indica que el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 reconoce expresamente que “un contingente militar tiene como propósito último enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga.” No obstante, culpa los errores de las Fuerzas Armadas a su formación, y promete poder cambiar eso a través de capacitación en derechos humanos para la Guardia Nacional.

“La realidad es que las Fuerzas Armadas ya han tenido mucha capacitación sobre derechos humanos. De hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto más de un millón de elementos de la SEDENA fueron capacitados en Derechos Humanos. Esto no ha frenado que militares comentan graves violaciones de derechos humanos, ya que lo que realmente se requiere son mecanismos apropiados de evaluación y una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de las policías”.

En ese sentido, AI enfatiza que si los Estados no pueden garantizar que tales requisitos serán cumplidos, las Fuerzas Armadas no deben ser desplegadas para realizar labores de seguridad pública.

“En la presentación del Plan de Seguridad 2018-2024, se informó que la formación y adiestramiento de la Guardia Nacional se realizará en planteles militares. Si bien las Secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana participarán en elaborar su plan de estudios a la par con la SEDENA y la Marina, nada indica que esto cambiará el hecho de que la capacitación tendrá un enfoque militar”.

Según una encuesta nacional, añade AI, el Ejército y la Marina cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante los arrestos que la Policía Federal, y recalca que “en general las Fuerzas Armadas no son entrenadas para proteger a la población”.

Y es que según el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, “la Policía Federal es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo.”

No obstante, como ejemplo de su capacitación, según información proporcionada por la Policía Federal a Amnistía Internacional, se dieron de 2 mil 654 cursos impartidos en 70 academias de dicho cuerpo entre 2012 y enero de 2016, en los que se trataron expresamente los derechos de las mujeres y una perspectiva de género.

“Si bien la Policía Federal también ha estado implicada en graves violaciones de derechos humanos, el Plan de Paz y Seguridad de 2018-2024 no dispone de medidas para fortalecer a instituciones civiles como la Policía Federal, y más bien les integra a una visión militar como si esta fuera la solución”.

De hecho, abunda el documento, “aunque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Federal han recibido capacitación en derechos humanos, según análisis de datos con base en una encuesta hecha a personas privadas de la libertad en prisiones por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas que indicaron haber sido detenidas por Fuerzas Armadas indicaron que la Marina y el Ejército cometieron actos de tortura y maltrato de manera más frecuente durante el arresto que todas las corporaciones del país (policías Federal, Ministerial, Estatal, y Municipal)”.

AI concluye que la falta de control independiente sobre las acciones de las Fuerzas Armadas es realmente preocupante, tomando en cuenta el notorio carácter hermético de las Fuerzas Armadas y los obstáculos a su independencia e imparcialidad que existen al evaluar los actos cometidos por sus propios miembros.

 

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