Instancias legislativas en San Lázaro, obstáculo para enjuiciar a gobernadores

Por Rivelino Rueda

La falta de mecanismos para enjuiciar a gobernadores por actos de corrupción o delitos graves del fuero común, tanto a nivel federal como local, representa uno de los pendientes en materia de justicia en el sistema político mexicano.

Y es que algunos de los recursos jurídicos para poder proceder en contra de un mandatario estatal, el “juicio político” o “juicio de procedencia”, son dos instancias legislativas denominadas Subcomisión de Examen Previo y Sección Instructora, de la Cámara de Diputados, que en los hechos han resultado obsoletas debido a los intereses partidistas.

Un ejemplo es el de la Subcomisión de Examen Previo. En marzo de 2017 ese cuerpo legislativo desechó 109 expedientes de juicio político que estabancongelados desde 2003. El argumento fue que “la mayoría de los acusados ya no están en el servicio público” o que “ya transcurrió más de un año desde que dejaron el cargo”.

De hecho, el único gobernante que fue separado de su cargo por un proceso de desafuero fue el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en abril de 2005, como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue sujeto de un juicio de procedencia por “desacato” en la construcción de una vialidad en la zona de Santa Fe.

A finales de marzo de este año, el jefe del Ejecutivo federal propuso ampliar el catálogo de delitos para que un gobernador o legislador pueda ser sometido a juicio, en el marco de la próxima discusión en San Lázaro de la reforma constitucional para que un presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción, robo de combustible y fraude electoral.

“Esta reforma va a la Cámara de Diputados, y ojalá se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad”, comentó el primer mandatario.

En ese sentido, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja echó abajo diversas solicitudes de juicio de procedencia de exgobernadores, como el de los priistas Rodrigo Medina, de Nuevo León; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo.

Otros polémicos mandatarios estatales que fueron exonerados de facto por esa instancia legislativa fueron Mario Marín, de Puebla (hoy prófugo de la justicia por su responsabilidad en el caso de la periodista Lydia Cacho); Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca; Fernando Moreno Peña, de Colima; Andrés Granier Melo, de Tabasco; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Eduardo Bours Castelló, de Sonora; Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz; Ivonne Ortega, de Yucatán; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí, y Fernando Ortega, de Campeche.

En cuanto a exgobernadores del PAN –a quienes se solicitó en su momento iniciar un “juicio político” en su contra—que fueron borrados de esa lista están Patricio Patrón Laviada, de Yucatán; Marco Antonio Adame, de Morelos; Héctor Ortiz, de Tlaxcala; Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco; Gerardo Octavio Solís, de Jalisco; Emilio González Márquez, de Jalisco; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, y Guillermo Padrés, de Sonora.

Los exmandatarios del PRD a los que se les desecharon sus respectivos expedientes de demandas de “juicio político” en su contra son Alejandro Encinas Rodríguez (jefe de Gobierno de la CDMX interino entre 2005 y 2006 y hoy subsecretario de Gobernación) y Marcelo Ebrard Casaubón (hoy secretario de Relaciones Exteriores); Zeferino Torreblanca y Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero, así como a Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, de Chiapas.

El argumento para echar abajo esos juicios de procedencia en contra de mandatarios y exmandatarios fue porque “el denunciado no puede ser sujeto a un juicio político en razón de que el Procedimiento de Juicio Político solo puede iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo”.

Además, la justificación de los diputados federales fue que la norma también establece que a los gobernadores sólo se les puede desaforar “dentro de un año después (de que culminen su mandato), en términos de lo establecido en los artículos 114 Constitucional y 9, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

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