La articulación de esfuerzos desde el derecho y el feminismo, clave para la justicia

Por Redacción Reversos

Foto: Eréndira Negrete

Los logros obtenidos en el terreno judicial para hacer frente a la inmensa ola de agresiones contra las mujeres derivaron de la suma de los movimientos feministas y de abogadas que, desde sus respectivas trincheras, han buscado una aplicación del derecho penal en los embates contra ellas, en especial el feminicidio.

Este gran esfuerzo concentrado desde las corrientes de género en la investigación, la práctica jurídica, el activismo y en todos los espacios ganados ha generado una presencia destacada, aseguró la maestra Sayuri Herrera Román, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Asociación Civil Justicia Pro Persona.

Los resultados se han reflejado en modificaciones a las leyes para que los derechos de la población femenina sean reconocidos, pero aún hay mucho trabajo por hacer para alcanzar eficacia jurídica e igualdad sustantiva, pues prevalece un marco jurídico patriarcal creado por varones.

En el Encuentro Pensamiento y praxis: el derecho en la reconfiguración del capital, efectuado en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la UAM, explicó que en la práctica las abogadas feministas se enfrentan cotidianamente a los operadores del sistema en los ministerios públicos, conformados en apenas 20 por ciento por mujeres.

“Quienes litigamos y defendemos a víctimas de violencia nos enfrentamos a tribunales de enjuiciamiento en los que los tres jueces son varones sin perspectiva de género, no obstante que la jurisprudencia existente pretende ese enfoque, así como la no discriminación”, dijo en la mesa de trabajo Perspectivas feministas del derecho ante la violencia sexo-genérica en la sociedad capitalista.

Los terrenos ganados en el derecho penal tienen mucho que ver con las presiones que han ejercido las organizaciones feministas, civiles y las instituciones educativas, si bien esto no se encuentra articulado orgánicamente, aun cuando ha habido confluencia entre este movimiento y el trabajo que hacen las litigantes en defensa de víctimas.

La abogada expuso que en un país con 99.3 por ciento de impunidad, es una buena señal que en distintos casos en los que llevan litigios haya sentencias condenatorias, aunque no son dictámenes con un grado elevado de sanción privativa de libertad.

Herrera Román ofreció un ejemplo sobre el violador serial de Tlalpan, que violentó la libertad sexual de alrededor de 40 mujeres, de las cuales sólo 12 se sostuvieron en sus demandas por alrededor de cinco años; de las 12 mujeres que hicieron la denuncia, dos ya no llegaron al juicio oral, pues eran menores de edad y no toleraban repetir su historia una y otra vez.

En la audiencia de juicio, sobre todo en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio implementado en México a partir de 2008, la prueba no es plena sino hasta que se desahoga frente al juez o a un tribunal de enjuiciamiento, no antes; aunque se haya presentado la denuncia y obre en una carpeta de investigación, “ese dato de prueba cobra eficacia sólo hasta que te presentas frente al juez y le dices de manera verbal lo que está en la carpeta”.

El agresor fue sentenciado, pero como era la primera vez obtuvo un beneficio, logró salir y continuó con las agresiones sexuales, hasta que lo detuvieron de nuevo. Finalmente fue condenado a 10 años de prisión por cada una de las mujeres a las que violentó y así se alcanzó afinar una sanción de 100 años, gracias a la unión de las demandantes.

Lo lamentable es que las cárceles no son instituciones de verdadera rehabilitación, por lo que las abogadas feministas han solicitado a los jueces que, como medidas de no repetición, obliguen a los criminales a que se sometan a terapia psicológica con perspectiva de género y no discriminación hacia las mujeres.

Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Herrera Román ha acompañado casos graves de feminicidio en México, como el del mata novias, el violador serial de Tlalpan o el agresor de Lesvi Berlín Rivera Osorio, la joven universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue privada de su vida en el campus universitario y en el que el perpetrador fue encarcelado.

Todos estos individuos están juntos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y lo cierto es que el sistema penitenciario no está ofreciendo opciones para garantizar medidas de no repetición.

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