La “Fosa de Tlatelolco” de la Vocacional 7

Fotos y texto: Rivelino Rueda

Para limpiar las huellas de un crimen de Estado se necesitaba una labor a contrarreloj. Borrar las marcas de la barbarie llevó pocas horas el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El Ejército acordonaba la escena del crimen, el anfiteatro de la muerte, el redondel de los sacrificios. Pocos entraron y pocos salieron el día después de la masacre en ese cerco policiaco-militar, que iba de las avenidas Eulalia Guzmán a Ricardo Flores Magón, de norte a sur, y de Paseo de la Reforma a San Juan de Letrán, de oriente a poniente.

Sin testigos, en medio de un vientecillo otoñal cargado de olor a pólvora; todavía pisoteando con sus pesadas botas los charcos de sangre fresca extendida por la Plaza, por las escalinatas de los edificios adyacentes, por los jardines taladrados con la furia del plomo encapsulado, decenas de militares y trabajadores de limpia del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) buscaban, por instrucciones de la línea de mando, desaparecer cualquier vestigio del acto criminal.

La Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al norte de la Plaza de las Tres Culturas, ya había sido tomada por el Ejército dos semanas antes de la masacre del 2 de octubre, al mando del general José Hernández Toledo, de quien se decía era el militar “más culto y educado” en la institución castrense, ya que “su especialidad era tomar instalaciones universitarias”.

En ese sitio, 13 años después de la matanza, en junio de 1981, la arquitecta Rosa María Alvarado Martínez observó “una fosa” con cadáveres, luego de que la Vocacional 7 fue cerrada para levantar, ahí, la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Rosa María, en ese entonces adscrita a la Jefatura de Construcciones de esa institución, laboraba en la ampliación de un comedor en ese centro de salud. “Cuando los trabajadores levantaron una loza de concreto de unos 10 centímetros de grueso, aparecieron cadáveres e inmediatamente se nos pidió que abandonáramos el lugar”.

Todavía pasaron 27 años más para que la arquitecta se sacudiera el miedo por las amenazas de autoridades de guardar silencio sobre ese hallazgo y, en 2007, presentó una declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de ese momento, a ese caso se le conoce como “La Fosa de Tlatelolco”.

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En su declaración ante la PGR, en 2007, la arquitecta Rosa María Alvarado señala:

“En los años 1981 y 1982 trabajé como empleada de confianza, Nivel 28, en la Jefatura de Constricciones del IMSS, específicamente me desempeñé como sub residente de obras. En ese entonces, formé parte del equipo de supervisión de la obra, consistente en la remodelación y ampliación del Hospital general de la Zona No. 27, ubicada en la Unidad de Nonoalco-Tlatelolco, cuya fachada sur colinda con la Plaza de las Tres Culturas.

“En el mes de junio de 198, de acuerdo al programa de obra, se realizó la ampliación del comedor de empleados; ésta consistió en extender el área de comida a un jardín ubicado en la fachada oriente, colindante con el andador de la Unidad Habitacional de Nonoalco-Tlatelolco.

“Al inicio de la excavación, para el desplante de la cimentación, consistente en ‘zapatas corridas’, se advirtió la insistencia de tierra y pasto vegetal, y después se observó un firme de concreto de aproximadamente 10 centímetros de espesor. Abajo del firme se encontraron restos óseos de una o más personas y una bala.

“Los albañiles sacaron los restos y los colocaron junto al material, producto de la excavación. Más tarde dieron aviso al ingeniero responsable de la obra, Ricardo Martínez, por parte de la compañía constructora, quien dio aviso a sus jefes inmediatos y a la empresa a la que se encomendó la realización de los trabajos.

“Con pleno conocimiento de la obligación de reportar estos hallazgos, dadas sus implicaciones legales, en diversas juntas de trabajo informé de los hechos a los jefes de la compañía constructora y a los directivos de la sub Jefatura de Construcción del IMSS; al director del hospital; al ingeniero José Silva Urrutia, jefe de Conservación y Mantenimiento, y al ingeniero Lima, subjefe de Conservación y Mantenimiento.

“La bala que estaba donde se encontraron los restos óseos, la recogió el jefe de Conservación y Mantenimiento, haciendo notar que se trataba de una bala de un rifle M-1. El director del hospital y los ingenieros de Conservación y Mantenimiento nos ordenaron suspender los trabajos y asimismo nos citaron a una junta de trabajo urgente”.

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Nidia Marín, reportera en ese momento del periódico El Gráfico, de El Universal, narra que el 3 de octubre de 1968 la Plaza de las Tres Culturas todavía estaba cercada por un cerco impenetrable del Ejército, aunque la periodista pudo ingresar por unos momentos a la zona de la masacre.

“Llegué con el fotógrafo Mario Juárez. Estaba lleno de soldados, a reventar de soldados. Luego comenzaron a llegar personas que buscaban a sus familiares. Nos tocó ver ropa llena de sangre que estaba en algunos rincones de la explanada, frente al edificio Chihuahua”.

Menciona que los mismos soldados le dijeron que fueran a la Tercera Delegación, en Peralvillo, y dice que ahí había “un montón de cadáveres, aunque ya se habían llevado a algunos con rumbo desconocido. No había nadie que te dijera nada”.

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María Fernanda Campa, “La Chata”, jala aire y continúa la lectura de la declaración de la arquitecta Rosa María Alvarado:

“Al llegar a la sala de juntas de la dirección del hospital, no se encontraba ninguno de los jefes de la subjefatura de Supervisión del IMSS, ni alguno de los representantes de la compañía constructora, ni los ingenieros de Conservación y Mantenimiento, ni ninguna autoridad del hospital.

“En su lugar, se encontraron cuatro o cinco personas con apariencia de policías, quienes nos separaron al ingeniero Ricardo Martínez y a mí, llevándonos a diferentes oficinas. Dichas personas me obligaron a permanecer sola con varios sujetos, que de forma insistente y amenazante, me ordenaban no dar aviso a ninguna autoridad de los hallazgos a mis jefes inmediatos.

“Ante mi insistencia de dar aviso a las autoridades, los sujetos de referencia trataron de minimizar los hallazgos y me obligaron a pasar más de siete horas en el sitio, encerrada con ellos, sin permitir que ingiriera algún alimento o agua. Después llamaron al ingeniero Ricardo Martínez, y cerraron con llave la oficina donde nos encontrábamos.

“El ingeniero Martínez me dijo que él sí aceptaría hacer lo que le pedían esos hombres, porque le importaba mucho su familia y estaba muy asustado. Posteriormente se presentaron otros sujetos con la misma apariencia, pero más amenazantes. Volví a quedar sola con ellos.

“En ese momento recibí una llamada telefónica de mi jefe inmediato, el arquitecto Héctor Flores López, jefe de Oficina de la Supervisión y Obras de la Zona 1-A, y de la Jefatura de Construcciones del IMSS, cuyo titular en ese entonces era el ingeniero Lorenzo Gutiérrez Rojín, mientras el titular de la Oficina de Supervisión era Antonio García de la Cadena.

“En su llamada telefónica, el arquitecto Flores me pidió que hiciera caso a los señores y que ya no insistiera en dar algún aviso. Me extrañó la forma en que me habló, ya que él nunca me pedía las cosas, sino que me ordenaba. Al término de la llamada con mi jefe inmediato, con majaderías, golpes en la mesa, en paredes, patadas en el piso, me exigieron no avisar a ninguna autoridad y quedarme calladas, es decir, los restos serían regresados al mismo sitio donde fueron encontrados”.

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El 4 de octubre de 1968 nada cambió en los periódicos. La tónica fue darle voz al discurso oficial, al boletín de la dependencia, a insistir en la “conjura internacional”, a señalar a los estudiantes como criminales. Ni un rasgo de investigación, ni un solo cuestionamiento, ni un solo testimonio. Nada, sólo el discurso oficial.

En el libro Antología periodística 1968, de Aurora Cano Andaluz, publicado en 1993 por la UNAM, llama la atención el seguimiento que dan algunos periódicos luego de la matanza del 2 de octubre y de la limpieza del “teatro de operaciones” el 3 de octubre.

“La Procuraduría General de la República destacó ayer a temprana hora a un grupo de peritos para cuantificar los daños ocasionados en los edificios y los comercios de Ciudad Tlatelolco, durante el zafarrancho de antenoche (…) Mientras tanto, el ejército y agentes de la dirección Federal de Seguridad, de la Judicial Federal y de la del Distrito, del Servicio Secreto y de los Servicios Especiales, continuaban ‘peinando’ esos edificios en busca de armas de estudiantes huelguistas”, señala el periódico Novedades en su edición del 4 de octubre de 1968.

 El texto (que aparece sin firma) habla de que “los investigadores descubrieron que muchos de los departamentos de esos edificios que no han sido vendidos o alquilados y obviamente están desocupados, fueron tomados arbitrariamente por huelguistas, quienes pertrechados disparaban desde ahí a la tropa y a la policía. Incluso, en algunos fueron halladas camas y gran cantidad de propaganda”.

“En toda el área donde se extendió el tiroteo, se veían ayer manchones de sangre; zapatos desperdigados; prendas de vestir también ensangrentadas. En la zona hay desolación y la tropa detiene para que se identifique, a toda persona que quiere entrar o salir de su departamento”.

El tono esquizofrénico es la tónica en la prensa mexicana. El Sol de México, en su edición del 4 de octubre, habla de “francotiradores”, de “saqueos a departamentos”, de “destrozos de los agitadores”, de “almacenamiento de pertrechos y propaganda”. No hay datos por ninguna parte de lo que ocurre en la Vocacional 7, tomada por el Ejército desde el 23 de septiembre.

“Los inmuebles colocados sobre la avenida San Juan de Letrán, principalmente el 20 de Noviembre, que es el que mayor número de departamentos deshabitados tiene, eran los más dañados. Se notan las huellas de la violencia en los marcados con los números 450 y 470 donde los ventanales de los pisos 6, 11, 16, 13 y 18 están destruidos. Se sabe que la mayoría de los departamentos están desocupados y fueron utilizados por los agresores que dispararon contra la tropa. También fueron utilizados por los francotiradores los edificios 491-503, 406 y uno que está frente a la Vocacional 7”.

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Desde los primeros días del Movimiento Estudiantil de 1968, la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) –llamada oficialmente Escuela Preparatoria Técnica Piloto Cuauhtémoc– fue un centro neurálgico para la organización de las protestas, para las estrategias de movilización y para las interminables jornadas de debates entre los jóvenes universitarios y politécnicos en paro.

Su cercanía con el centro de la ciudad y su ubicación estratégica fue, desde un principio, un elemento clave para que las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano le colocaran el dedo. El 30 de julio, día en que el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la Bandera Nacional a media asta en la explanada de Rectoría de la máxima casa de estudios, por la violación de la autonomía universitaria, el Ejército tomó por primera vez la Vocacional 7.

Otro evento que se da el jueves 29 de agosto. En la madrugada, 60 individuos enmascarados disparan 10 minutos contra la Vocacional 7, utilizando ametralladoras y rifles de alto poder. Vecinos de la Unidad Tlatelolco y estudiantes deciden realizar un mitin a las tres de la tarde. Fuerzas de la policía y del Ejército, apoyadas con 26 tanques y trece camiones, impiden la celebración del mitin y ocupan la Vocacional 7.

Para el viernes 20 de septiembre se producen varios choques violentos entre estudiantes y elementos de la policía, siendo los más graves los que se registran en la Unidad Profesional de Zacatenco y en la Vocacional 7, y para el lunes 23 de septiembre el Ejército toma por asalto la Vocacional en Tlatelolco, la cual no se desocuparía nunca, ya que el edificio jamás fue devuelto. Hay varios estudiantes muertos.

“Aquí hay mucha sangre de los compañeros que cayeron víctimas del Batallón Olimpia y del primer batallón de halcones. La noche del 23 al 24 de septiembre de 1968, asesinaron al menos a 50 personas y las desaparecieron. Al parecer están enterradas en una fosa clandestina en el Campo Militar número Uno”, asegura Jaime Iván Uranga Favela, dirigente estudiantil de la Voca 7 en 1968.

En 1970 el edificio de la Vocacional 7 fue cedido al IMSS y en 2006 fue desocupado debido a daños en su estructura causados por los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985. El 7 de octubre de 2013 fue demolido.

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“La Chata” Campa, hija del incansable luchador social, Valentín Campa (1904-1999), quien además estuvo casada con uno de los líderes estudiantiles más carismáticos en 1968, Raúl Álvarez Garín, continúa con la lectura del testimonio de la arquitecta Rosa María Alvarado.

“Con mucho miedo y llorando les pedí (a los hombres con aspecto de policías) que por lo menos accedieran a dar cristiana sepultura de los restos, ya que se trataba de personas. En respuesta me insultaron, me sujetaron del brazo, me jalaron, me aventaron y me amenazaron diciéndome que si insistía en dar aviso a las autoridades no volvería a ver a mi hijo de tres años.

“A gritos me hicieron saber que era muy fácil desaparecerlo, porque en ese momento estaba en la calle esperando que yo lo recogiera del transporte escolar.

“Amenazada, lastimada y con terror acepté no decir nada a nadie, con la súplica de que no tocaran a mi hijo. Corrí desesperada hasta la calle, a la entrada de Urgencias del hospital y efectivamente ahí estaba mi hijo esperándome junto con el chofer del transporte escolar. Junto a esta unidad había algunos sujetos de la misma apariencia a los que me encerraron.

“Al día siguiente, por la tarde, un trabajador de la construcción puso los restos óseos encima de la cimentación, ya que estaba terminada, y después rellenó con la tierra que había. Nunca volví a ver a esos trabajadores de la construcción que participaron en las obras de la cimentación. El ingeniero Ricardo Martínez se fue de la obra al poco tiempo. No volví a trabajar con ninguna de las personas mencionadas en alguna obra posterior, ni los volví a ver y a la fecha no sé nada de ellos.

“Dado que antes del hospital, en ese mismo espacio se encontraba la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, es de presumirse que los restos óseos corresponden a jóvenes vinculados con el Movimiento Estudiantil de 1968”.

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Pareciera que no querían dejar huella de ese sito, borrar la historia, desaparecer la memoria, sepultar el recuerdo. Los charcos de agua se acumulan por las lluvias de noviembre en el eterno pasillo que va de San Juan de Letrán a la Plaza de las Tres Culturas. Del lado izquierdo la nada, el vacío; del lado derecho las ruinas prehispánicas. Es un sitio que se sufre, que se sufre en serio.

De la Vocacional 7, primero, y del Hospital del IMSS, más tarde, sólo queda un enorme lote baldío de propiedad federal, al menos eso es lo que dice un vistoso letrero con la palabra “demolición” y con el símbolo y colores característicos de esa institución de seguridad social.

El terreno está cercado por barras color ocre de metal de unos tres metros de altura, como si adentro estuviera un preso más de aquel otoño del 68, como si se temiera que el lugar hablara. Es un sitio literalmente encarcelado, donde domina un silencio oprobioso. No hay ruido, ni siquiera los pájaros se posan en las ramas de los árboles que habitan en esa crujía de cielo plomizo.

Adentro la hojarasca acumulada, desperdigada. Más allá, acumulada en pequeñas montañas, en rincones de concreto o mosaico blanco que reafirman que aquí hubo una escuela, luego una cárcel, luego la nada. Tlatelolco es gris en esta tarde de noviembre, se camina como entre una fina neblina de seda blanca. Las siluetas de la arquitectura del lugar se aprendieron de memoria casi desde niño.

No deja de sentirse ese profundo e inmenso vacío en el estómago. Nonoalco está signado por eso, para aguantar la explosión de llantos, para el nudo en la garganta; para respirar hondo y detener los hilillos de agua de la sal del cosmos.

Allá lo dice un monolito de concreto: “No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy”; más allá lo reitera otro monolito de piedra: “¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente la Plaza amaneció barrida; los periódicos dieron como noticia el estado del tiempo”, y más allá, atrás del edificio Chihuahua, donde antes se erguía el edificio Nuevo León, otro más: “A los héroes anónimos del Terremoto de 1985”.

Un domo a punto de colapsar domina el terreno. Predomina la indomable maleza y la arcilla rojiza. Un edificio de dos pisos está partido a la mitad, donde sólo se observa una palabra cercenada, “…icios”. Los islotes de concreto y de mosaico, donde antes se levantaban construcciones, luchan cotidianamente con una hambrienta hierba verde, salpicada de flores amarillas, blancas y “dientes de león”, y con la putrefacción somnolienta de hojas secas.

Prevalece el silencio y el vaho, el lamento interior; los pasos dubitativos que indistintamente se posan sobre charcos otoñales. Un perro vigila de cerca, cuida su territorio, husmea desconfiado esos pasos ajenos. Hasta ahí llega el perro, hasta lo más cerca que se puede acceder de donde estaba esa fosa que vio la arquitecta Rosa María Alvarado.

Un “¡hola!” hace que el peludo de orejas puntiagudas dé latigazos con su cola. A cuatro metros, una loza de concreto, coronada por un piso de mosaico blanco, marcan el sitio del hallazgo de osamentas. Y sí, el comentario a mi amigo de cuatro patas es más por mantener ese escozor seco en la garganta que por entablar una plática:

“¿Sabías que aquí había una escuela, que luego fue un hospital? ¿Sabías que allí, en la Plaza, hace 50 años mataron a mucha gente?”

El pelaje de su cráneo es terso. Las caricias lo sacan de dudas. Luego se da la media vuelta y se va moviendo la cola.

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La periodista de La Jornada, Blanche Petrich, anotó en un texto del 5 de septiembre pasado que “el 16 de marzo de 2012 el Ministerio Público (MP) resolvió el no ejercicio de la acción penal en virtud de un supuesto peritaje, elaborado por los expertos forenses del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera y Gustavo Coronel, quienes concluyeron que los restos, hallados a menos de un metro de profundidad y todavía identificables, correspondían a tiempos prehispánicos”.

Luego, en 2013, se pidió al entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reabrir ese expediente.

El funcionario, el de la “verdad histórica” de Ayotzinapa, el que decía “estar cansado”, el que quiso darle “carpetazo” a una controvertida investigación sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, quienes “boteaban” y tomaban autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México, nunca dio una respuesta.

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