La justicia puede esperar

Por José María Dregler

Foto: Edgar López (Archivo)

México no sólo se ha convertido en un país de fosas comunes, sino también, ahora, de socavones de la corrupción, donde los muertos yacen producto de un Estado que no evitó su muerte, tampoco  investigó su causa o, por lo menos, hizo algo para hallar su cadáver para entregárselo a sus familiares, sino, además, los ha dejado morir, por no decir que los ha matado.

El socavón de Cuernavaca es la metáfora perfecta de la situación que vive México bajo el “presunto” Estado mexicano, cuya cabeza y cuerpo es de signo y cultura priista, respectivamente; porque el priismo no sólo es un partido político, es la cultura generalizada de las “rentas”.

O, llamándole de otras formas, es la cultura de la “propina” para que me cuides el auto “viene viene”, de la “mordida” para que me dejes ir “poli”, del “diego” para que facilites el trámite “burócrata”, del “40 por ciento” para que me dejes construir la obra “gobierno”, del “embute” para que te calles “medio de comunicación” o del “cañonazo de dinero” para que “no hablen los muertos”, porque, en el extremo de los casos, está cultura se está convirtiendo en una sola ley, la ley de “plata o plomo”, es decir, la ley del crimen organizado y no la hagas de a pedo.

El nivel federal: La corrupción en la asignación de la obra del Paso Exprés de Cuernavaca más que una obviedad que todo mundo sabe es un modus operandi mexiquense, es decir, el que caracteriza al actual gobierno federal:

El modus operandi de seguir desviando recursos públicos, como lo han hecho en el Estado de México en los últimos años el PRI, Gabino Fraga, Juan Osuna, Javier López Madrid, José Andrés de Oteyza, Juan Miguel Villar Mir, Gerardo Ruíz Esparza, Arturo Montiel, Emilio Lozoya, Luis Videgaray o el propio Enrique Peña Nieto, es decir, el nexo entre las empresas OHL, Higa y San Román, y los gobiernos de la entidad, y así incrementar el desfalco que en 15 años ha implicado en esa entidad un monto que ronda los 90 mil millones de pesos a partir de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense de 110 kilómetros y el Viaducto Bicentenario de 22 kilómetros, según ha documentado el moviendo ‘Ahora sí’, encabezado por Emilio Álvarez Icaza.

En este caso, el socavón, de cinco metros de profundidad y 12 metros de diámetro, en el que murieron asfixiados Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, requirió una inversión total “sobreestimada” de dos mil 213.5 millones de pesos (pese a que el presupuesto inicial fue de mil millones), los cuales fueron pagados por el gobierno federal al consorcio Aldesa-Epccor, el cual se tardó tres años, entre noviembre de 2014 y marzo de 2017, en construir 14.5 kilómetros de carretera para ampliar el libramiento de Cuernavaca.

La obra, además de generar ocho mil 855 plazas de trabajo (dos mil 214 directos y seis mil 641 indirectos, ocasionó 80 accidentes y al menos 21 muertos, así como retrasos, pagos no justificados y modificaciones al proyecto original sin contar con la aprobación correspondiente, según la Auditoría Superior de la Federación.

Más vale no olvidar que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la española Aldesa, que es una de las constructoras de la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la terminal 3 de Cancún y el Túnel Emisor Poniente II, y la mexicana Epccor, que está vinculada a la Estela de Luz, el emblemático monumento a la corrupción mandado a construir por Felipe Calderón, fueron acusadas, previamente al hecho siniestro, recibieron alertas de las autoridades locales sobre los riesgos por la temporada de lluvias que podría agravar los problemas colaterales ya reflejados en la vialidad, como la falta de estabilización de los muros, paredones, así como el riesgo latente de inundación.

Pero bueno, por “el mal rato que pasaron”, Ruiz Esparza ha dicho que la familia de los fallecidos ha aceptado la “indemnización” (aquí puede leerse propina, mordida, diego, embute, 40 por ciento o cañonazo de dinero) ofrecida por el “gobierno” (que no gobierna), ya que la justicia puede esperar. No la hagan de a pedo.

Nivel municipal y estatal: La muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero no fue por la caída del auto al agujero, sino porque las unidades de emergencia no llegaron a tiempo. Negligencia tras negligencia. En el desamparo, un padre y su hijo, hasta el último aliento, debieron gritar, golpear y pedir auxilio, durante sus dos últimas dos horas de vida, para que alguien les salvara. La indolencia de las autoridades duró ocho largas horas, tras las cuales sacaron un maltrecho automóvil con dos cadáveres. Metáfora perfecta de nuestros país lleno de fosas y muertos. La justicia puede esperar.

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