La violencia obstétrica es un problema social de alta complejidad

Por Redacción Reversos 

La violencia obstétrica es un problema social de alta complejidad en el que están presentes relaciones de poder, discriminación, desigualdad social y violencia de género, por lo que es fundamental la intervención de los gobiernos para prevenirla, atenderla y erradicarla, advirtió Jesús Verdugo Torres, egresado del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

Durante la sustentación del trabajo La violencia obstétrica en Oaxaca, un ejercicio del poder médico sobre los cuerpos reproductivos de las mujeres, que presentó para obtener el grado de doctor, afirmó que ésta es la “forma como la medicina occidental ha construido la respuesta social a los procesos reproductivos”.  

La importancia de estudiarla radica en que se trata de un tipo particular de problemática de género, dado que, si bien no se ejerce sobre todas las mujeres, cuando se presenta es “justo por la condición de género, por lo que debe ser analizada desde una perspectiva social, con un enfoque que visibilice estas desigualdades. 

En América Latina, Venezuela fue el primer país que la tipificó como un delito en 2007; Argentina en 2009, y Perú en 2015, mientras que en el caso de México, Veracruz, Chiapas y Guerrero lo tienen caracterizado como tal en sus códigos penales y los dos primeros la retoman en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en tanto que 11 entidades cuentan con definición en su ley, pero 20 carecen de iniciativas y leyes, y una -Sinaloa- tiene pendiente la discusión desde 2017.  

Si bien estas acciones representan un paso importante, “son necesarias políticas complementarias que mejoren los procesos de atención del embarazo y del parto y trabajar a nivel cultural con los profesionales de la medicina”.  

El doctor Verdugo Torres retomó la definición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que entiende la violencia obstétrica como aquella que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios sanitarios públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del sector, que cause daño físico y/o psicológico a la mujer.  

Además se expresa en la falta de sistemas de atención de salud reproductiva, en un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.  

Este fenómeno se manifiesta, por ejemplo, con golpes, regaños, amenazas, manipulación de la información, e incluso al utilizar a la gestante como recurso didáctico en la asistencia sanitaria.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, 33.4 por ciento de mujeres de 15 a 34 años de edad que dio a luz en el periodo 2011-2016 declaró haber sido víctima de violencia obstétrica a nivel nacional; mientras que en el estado de Oaxaca 31.1 por ciento testificó haberla sufrido.  

La forma más frecuente fueron los regaños, seguida de tardanza en la asistencia y “llama la atención que 4.8 por ciento de las mujeres reportó que le fue colocado algún método anticonceptivo para no tener hijos, sin su consentimiento.  

El investigador sostuvo que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó un importante proceso de profesionalización de la medicina, con la implementación del modelo médico hegemónico definido y planteado en la década de 1970 y legitimado por el propio Estado que tiene como características “una visión excluyente, biológica y reduccionista, y que además es clasista y racista, tanto en lo biológico como en lo cultural”.  

Con esta “expropiación de la vida reproductiva”, el Estado ejerce poder sobre el cuerpo de las mujeres para legitimar la institucionalización de la salud reproductiva, y lo maneja para lograr objetivos económicos, señaló. 

“Con esta transferencia se empieza a ejercer un biopoder en dos niveles: desde la anatomopolítica que es una técnica disciplinaria y está dirigida al organismo en lo individual, y desde la biopolítica que es una técnica más global dirigida al cuerpo social”.  

En su trabajo el doctor Verdugo Torres se propuso analizar el proceso y las condiciones que llevan a los profesionales de la medicina que laboran en el estado de Oaxaca a adquirir un habitus autoritario y establecer una relación de poder y dominación sobre la mujer gestante.  

Para alcanzar este objetivo en los municipios de San Pedro Mixtepec, Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas realizó entrevistas, en particular en el Hospital General de Puerto Escondido (seis), el Centro de Salud de San Juan Chapultepec (siete) y el CESSA de San Jacinto Amilpas (cuatro), que permitieron analizar los significados y experiencias del personal en los procesos reproductivos y la violencia obstétrica.  

De acuerdo con las narrativas hay una diferencia en el significado de los procesos reproductivos, pues para algunos “no representa riesgo para la mujer, mientras que para otros es una patología que debe ser tratada bajo una dinámica clínica” y, por ende, refieren a las mujeres embarazadas como personas enfermas.  

Si bien existe esta discrepancia, la asistencia otorgada es la misma, es decir, todos tienen un cuidado limitado a una visión biológica y normativa y, por lo tanto, hay ausencia de aspectos socioculturales.  

El doctor Verdugo Torres concluyó que la violencia obstétrica es derivada del ejercicio de poder y de una subordinación de las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva, aunado a que la interiorización de la estructura del campo médico, jerárquico, masculino y autoritario, facilita la presencia de este fenómeno, pues los profesionales subordinan a las pacientes ante el discurso dominante. 

Además, hay una estandarización de la atención gineco-obstétrica que lleva a medicar e instrumentalizar el embarazo y el parto sin considerar los aspectos culturales, por lo que propuso incorporar la perspectiva de género en la enseñanza médica e integrar la salud sexual y reproductiva en los currículos universitarios, con una visión que no esté limitada a factores clínico-biológicos.  

También recomendó reconocer la partería y el nacimiento en espacios no hospitalarios como alternativas de atención, en especial en una entidad como Oaxaca, donde la población está arraigada a sus usos y costumbres, y sufre en el acceso al cuidado sanitario.

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