Libertad de expresión en AL en mayo: dos países al borde del colapso total

Por José Peralta/IFEX

Foto: Federico Parra/AFP/IFLEX

Luces y sombras fueron la norma de este abril en la región. A pesar de las represiones y los ataques a la libertad de expresión en Venezuela, Nicaragua y Honduras, otros Estados avanzaron hacia un modelo más abierto y transparente, empujados en gran medida por organizaciones consagradas a la defensa de derechos humanos.

Venezuela y Honduras en llamas

Al cierre de este artículo, ambos países enfrentan situaciones complejas y confusas en las que no se vislumbraba aún desenlace alguno.

«Inició el fin de la usurpación», dijo en la mañana del 30 de abril el líder de la oposición, considerado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La frase fue el comienzo de un día repleto de manifestaciones y represión. Manifestantes a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro salieron a las calles.

Mientras los opositores anuncian el fin del chavismo, el oficialismo sostiene que el levantamiento no es más que un golpe de Estado «menor», y que está ya bajo control. En definitiva, reina la incertidumbre.

Lo que sí queda claro es que el caos trajo consigo más represión a medios y periodistas. Nuestros miembros venezolanos reportaron decenas de ataques a periodistas que cubrían los acontecimientos. Además el Gobierno sacó del aire las señales de televisión internacionales CNN y BBC; además de la histórica emisora radial Radio Caracas Radio.

Ese mismo día, en la capital de Honduras, fuertes enfrentamientos y brutales represiones policiales dejaron decenas de heridos y numerosos detenidos. El inicio de los choques entre manifestantes y la policía vinieron con una serie de movilizaciones en contra de políticas gubernamentales que buscan reformar los sectores de salud y educación.

EPU Nicaragua

Nicaragua forma también parte de este grupo de países con escenarios políticos complicados. Los nicaragüenses marcaron el primer aniversario de las movilizaciones del 18 de abril del 2018 y de las violentas represiones que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.

Así las cosas, a mediados de mayo el país deberá pasar el Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas. El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos que cada Estado miembro de la ONU debe hacer cada cinco años. Un examen en el que la sociedad civil tiene un papel crucial.

En vista de la situación reinante, IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), participaron en una misión a la Oficina de la ONU en Ginebra en el período previo al Examen Periódico Universal de Nicaragua (EPU) que tendrá lugar el 15 de mayo.

La misión de estas organizaciones fue la de intentar revertir la precaria situación de la democracia nicaragüense. Conversaron con delegaciones y Estados miembro, presentaron el contexto actual y avanzaron algunas recomendaciones.

Perú de cal y de arena

El país andino tuvo un mes agitado. Lo primero fue la victoria de la sociedad civil en el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos Saavedra. El 12 de abril, la Suprema Corte anuló la sentencia de absolución de los presuntos autores del homicidio. Por presión de la sociedad civil, la Corte accedió a revisar la sentencia de absolución, una revisión sobre la que IFEX-ALC se manifestó también a favor.

Sin embargo, otros dos hechos ensombrecen el panorama. Por un lado, se ha culpado al periodista Gustavo Gorriti y a otros medios del suicidio del ex presidente Alan García.

García, presidente de Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, se disparó el 17 de abril cuando agentes policiales se presentaron en su domicilio, en Lima, para arrestarlo por denuncias de corrupción.

Varias figuras políticas, entre ellas un exministro y un congresista en ejercicio, han mencionado públicamente a Gorriti como uno de los responsables de la muerte de García en entrevistas televisivas y mensajes en redes sociales.

Además, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez, alias «Eteco», contra los periodistas Óscar Castilla, director ejecutivo del medio digital Ojo Público, y Edmundo Cruz, del diario La República.

Arévalo Ramírez habría sido apuntado en 2016 por las investigaciones de estos periodistas como objeto de pesquisas de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA) que lo acusaban de liderar redes de narcotráfico.

Se dispuso de forma inmediata la comparecencia y el embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación.

Bolivia presiona, Ecuador detiene

El gobierno de Evo Morales sigue en enfrentamiento con los medios. Nuestro miembro, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al gobierno de Bolivia a modificar su política, una «que asfixia las finanzas de medios independientes y pone en riesgo la estabilidad laboral de periodistas y personal» de las empresas periodísticas. Además, la SIP y denunció presiones, persecución tributaria e imposición de servicios gratuitos de difusión.

En una resolución sobre Bolivia, aprobada en la reunión semestral de la SIP celebrada a fines de marzo en Cartagena, Colombia, la organización pidió respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión. Con ello se espera evitar «las restricciones a este derecho fundamental por vías directas, como la aplicación de la publicidad gratuita».

Mientras tanto, en Ecuador, el jueves 11 de abril, la policía detuvo en el aeropuerto de Quito a Ola Bini, ciudadano sueco residente en en ese país, desarrollador de software y activista por la privacidad y la libertad en internet. Bini fue detenido mientras trataba de tomar un vuelo hacia Japón. Según las autoridades ecuatorianas, el arresto estaría justificado por la relación de Ola Bini con WikiLeaks, algo que supuestamente lo implicaría en conductas ilegales.

La detención disparó la condena internacional, con la que varias organizaciones exigen su liberación inmediata.

Informes regionales

Ocho organizaciones internacionales de derechos humanos que conforman la red Voces del Sur (VDS) presentaron en Quito este 2 de mayo el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS, integrado en su totalidad por miembros de IFEX, nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región.

Mientras tanto, otro grupo de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, entre las que figuran tres miembros de IFEX, emitieron una declaración conjunta sobre la desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe.

En la declaración, las organizaciones alertan que la dirección que ha llevado este debate mundial ignora los balances de poder regionales y locales. Agregaron que sin una posición fundada y crítica, y sin enfoques de DDHH, el debate puede llevar a potenciar los monopolios de los medios tradicionales y fomentar la censura.

Libertad en el campus: la nueva grieta de Estados Unidos

Se tiende a pensar que las aulas y los pasillos de las universidades son espacios de debate libre, de argumentación y de respeto a las ideas. Este concepto, no obstante, parece desmoronarse en Estados Unidos, otrora símbolo de libertad de expresión en el continente.

Un informe de nuestro miembro PenAmerica sobre la libertad de expresión en varias universidades estadounidenses revela que existe una grieta que refleja la polarización que vive el país.

El informe analiza tendencias recientes en las casas de estudios superiores que incluyen la cancelación o desinvitación de ponentes controversiales y el crecimiento del discurso de odio. El informe analiza también casos de discriminación, además de campañas de desprestigio y de hostigamiento a miembros de la facultad por sus opiniones. Asimismo, se advierte sobre los peligros y las falencias de las medidas legales que supuestamente intentan proteger la libertad de expresión en campus altamente polarizados.

Pastillas americanas

Mexico: Nuestro miembro Artículo 19 emitió su informe anual con cifras lapidarias de asesinatos, ataques y amenazas a periodistas en el país. El enfoque es de valentía y combate: Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva.

Haití: la violencia e impunidad son una constante del periodismo haitaino y el informe de 2019 de la SIP no revela mejoría alguna.

Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, pese a la nueva Constitución que mantiene las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa, alerta la SIP.

Paraguay: Nuestro miembro, el Sindicato de Periodistas de Paraguay cumplió 40 años y lo celebró con una serie eventos y discusiones con distintas organizaciones sobre la libertad de prensa y sus retos en el país.

Canadá: La revista VICE y el periodista Ben Makuch están en medio de una batalla legal para evitar revelar las fuentes de una investigación ligada al llamado Estado Islámico. La primera sentencia del caso falló a favor de la Policía Montada Canadiense que es quien exige la información.

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