Los desalojados en la CDMX, los despojados de siempre

Texto y fotos: Priscila Alvarado

Mujeres con bebés en brazos, ancianos con bastón de pasos dilatados y cansados, hombres vigorosos y delgados que levantan una pancarta con la dirección de un predio y la leyenda: “Exigimos reconstrucción y justicia”.

Niños, niñas, adolescentes, adultos y hasta mascotas componen el paisaje desolado de un mitin exiguo que echa raíces en el desalojo.

Avanzan por la calle de Donceles. Gonzalo N. carga una bocina con un micrófono viejo conectado. Su complexión es afilada, casi frágil. Tiene la piel tostada y debajo de los ojos le cuelgan dos sacos de cansancio a pesar de la juventud. Hace cuatro años fue desalojado del edificio número 200 en Fray Servando y 20 de Noviembre: “A mí no me dieron apoyo de renta cuando me desalojaron, de hecho me robaron todo”.

Actualmente vive en la calle Nopal, “una calle horrible” por la zona de Tlatelolco. Para pagar la renta y comer trabaja como músico callejero. Poco a poco ha adquirido ropa, cama, algunos muebles y el equipo básico para trabajar.

En México, la vivienda está garantizada en el Artículo 4º de la Constitución, al igual que la educación y el alimento, sin embargo, para muchos mexicanos es una realidad lejana. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, de 2010 al cierre de 2015 se reportaron 8.6 despojos por día en la capital del país. Un total de 18 mil 997 en seis años.

Por otro lado, en 2017 el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, aseguró que en la Ciudad de México existen 859 asentamientos humanos que representan 40 mil viviendas y 241 mil 853 habitantes, asentadas de manera irregular en suelo de conservación de las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

Tan sólo en el edificio de Gonzalo, 65 familias fueron expulsadas en el 2014. Desde entonces se manifiesta y muchos han buscado asesoramiento en Derechos Humanos y procesos legales de grupos como Habitat International Coaliton (HIM) o la Asamblea Popular de Desalojo y Solicitantes de Vivienda en Lucha (APDSVL).

Pero dichos procesos se complican con la ambigüedad, insuficiencia y los límites de la legislación inquilinaria vigente en México desde 1985, aquella que se dio después de los trágicos terremotos del 19 y 20 de septiembre de ese año.

La ciudad tiene un déficit de 1 millón 800 mil viviendas, que provoca fenómenos como los “paracaidistas” o bien, arrendamientos de propietarios individuales que, a través de inmobiliarias, subarrendan y convierten al inquilino en un actor carente de derechos, con contratos en comodato que simulan la inexistencia de renta y decretan pagos con títulos de crédito independientes.

Esto significa una relación latente con la amenaza de desalojos violentos y humillantes para miles de familias que carecen de seguridad jurídica y recursos económicos. Además, las construcciones ocupadas “ilegalmente” presentan estructuras insalubres e inestables, ya que normalmente son vecindades o edificios antiguos sin mantenimiento.

Si el panorama es menos amargo, los inquilinos reciben un convenio de desocupación, pactado por medio de los tribunales de Arrendamiento Inmobiliarios o de la Procuraduría Federal del Consumidor. En la Ciudad de México existen un promedio anual mayor a 50 mil juicios de desahucio emprendidos ante los 40 Tribunales de arrendamiento Inmobiliario.

Algunos damnificados levantan la voz a través de actas o querellas. Del 2013 al 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 37 quejas, calificadas como presuntamente violatorias, por desalojo sin causa justificada ni motivada (Transparencia, No. folio: 3200000088216). Sin embargo, sólo 17 fueron atendidas y, de éstas, tres solucionadas. Las restantes fueron declaradas como no violatorias o con elementos insuficientes para la denuncia.

La manifestación del 7 de marzo conjugó dos problemáticas que se exhibieron vigentes y sin solución: dos grupos damnificados que comparten sentencias dictadas por los actos de corrupción del gobierno y la sociedad y familias que luchan para sobrevivir en cualquier espacio que simule un hogar. Desalojados antes, durante y después del sismo que azotó al país el 19 de septiembre del año pasado.

Las personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en este país sobreviven en espacios a los cuales “no tienen derecho”, ostentando rutinas y desarrollándose en condiciones poco adecuadas y marginales.

Gonzalo N. fijó una mirada triste en el horizonte, delineado con familias desesperadas. La sed y el cansancio se hicieron evidentes con la blancura de sus labios:

“Necesitamos cosas reales, no ficticias. Necesitamos verdadera reconstrucción. Dentro de poco la Ley de Seguridad Interior ya no nos va a permitir marchar.  Dentro de poco ya no vamos a poder ser libres…de hecho no somos libres”.

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