Minera de Carlos Slim, incontenible; el proyecto Ixtaca en Puebla a punto de recibir “luz verde” de la Semarnat

Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400

En Puebla, al menos en lo que se refiere al sector minero, aun no tiene ningún efecto la llegada de la Cuarta Transformación: las comunidades siguen siendo despojadas de sus territorios y sus recursos, sin que nadie les ponga un freno a las trasnacionales que se quieren quedar con los yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno, tan bastos en la zona norte del estado.

El mejor ejemplo de lo anterior es lo que sucede en la zona de Ixtacamaxtitlán, donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sigue con el proceso de permisión para la operación del proyecto minero Ixtaca, promovido por la empresa Minera Gorrión S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd. que opera con el subsidio del Grupo Minero Frisco, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim.

En los próximos días, de acuerdo a información del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la Semarnat podría estar otorgando su aprobación a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Ixtaca, con lo que el corporativo minero estará en posibilidad de avanzar hacia la explotación del subsuelo, que afectará la vida de por lo menos 40 comunidades asentadas sobre la ribera del río Apulco.

Esta posibilidad, sobre la que no se ha pronunciado el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya ha sido rechazada por comunidades de 27 municipios de la Sierra Norte, los que mediante un documento entregado al titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, han incidido en lo peligroso de ese proyecto, que no solo obligara al desplazamiento de muchos habitante de la zona, sino que devastará la vida y las actividades agrícolas y pecuarias de cientos de pobladores.

Hay que recordar que la Minera Frisco, de Carlos Slim, mediante las subsidiarias Gorrión S. A. de C. V. y la canadiense Almaden Minerals Ltd., mantiene al día de hoy en exploración el mayor asentamiento de oro y plata ubicado en el territorio nacional; desde hace dos años se asentó en las comunidades de Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, en la zona norte de Puebla.

Los vecinos de Ixtacamaxtitlán, principalmente de Santa María Sotoltepec, donde está la mayor parte del oro, se dejaron convencer para los trabajos de exploración. La gente fue seducida con esperanza ofrecida por los ejecutivos de Gorrión S. A. de C. V. y Almaden Minerals Ltd., los que les dijeron que “La mina a cielo abierto traerá desarrollo y progreso a la zona”.

Y hasta les dieron una muestra de lo que es salir de la pobreza: las mineras pusieron en marcha un centro escolar donde cada fin de semana realizan actividades culturales para los niños. Les regalan galletas y aguas frescas. A las mujeres les dan clases de cocina y manualidades. A los hombres les basta con que les hayan rehabilitado la cancha de futbol. Y cuando la mina opere vendrá la bonanza, les han dicho.

Lo que no les han dicho es que el grupo minero pretende la destrucción, con una mina a cielo abierto, de la cuenca alta del río Apulco, donde se han apropiado de una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec. El grupo minero tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.

Los pocos que se han alzado contra el grupo minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas, con el respaldo de los gobiernos locales, los que han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.

Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado revelan que el mayor índice de violencia –referido en extorsiones, secuestros, lesiones y cobros de piso- se da en las regiones de la zona norte de Puebla: Ixtaca, Rosa, Torrerillo, Zapotec y Tuligtic, donde se asientan precisamente las minas con esos nombres, todas propiedad de Almaden Mineral Ltd., que explora los yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.

Bajo esas condiciones la canadiense Almaden Minerals, que desde el 2016 realiza trabajos de exploración en una superficie de más de 2 mil hectáreas de terreno comunal de Ixtacamaxtitlán, ha venido avanzando en la adquisición –mediante el arrebato a las comunidades- de cada vez mayores porciones de tierra.

Inicialmente la concesión otorgada sólo comprendía una superficie de 16 hectáreas de un suelo utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra y la explotación forestal, pero que de la noche a la mañana, con el beneplácito del gobierno federal y el aval del estatal, el de Rafael Moreno Valle, se vio invadido de trabajadores colocando barrenos sobre la superficie para detectar vetas de oro, sin ningún tipo de consideración sobre el impacto ambiental.

La minera Almaden Minerals no se ha conformado con la extensión de su dominio a 2 mil hectáreas. Amparada por la Reforma Energética, la minera canadiense ha puesto los ojos en una superficie de más de 20 mil hectáreas, sin importar que ese suelo sea propiedad legitima de los comuneros.

Este corporativo canadiense actualmente tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí donde ha logrado sus mayores utilidades: creció considerablemente en los últimos seis años gracias a las concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales para los próximos 50 años.

En 2008 se dieron las concesiones más importantes a la empresa canadiense, cuando obtuvo permisos para la exploración y explotación de 16 hectáreas, con la posibilidad de extender su dominio, si así le convenía, a 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en la Sierra norte de Puebla, donde ya se establece el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso del país para la extracción de oro.

Por esa razón hoy es la protesta social generalizada, donde más de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco exigen a la Semarnat que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental a Minera Gorrión, la que dará “luz verde” a la destrucción del suelo y que afectara a la vida de cientos de familias de la zona.

En un comunicado de PODER, se refiere que ante la próxima resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Proyecto Minero Ixtaca, las comunidades de Ixtacamaxtitlán -organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua- y comunidades habitantes de la cuenca del río Apulco, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron una vez más en rechazo del Proyecto Minero Ixtaca.

Dice el comunicado que da voz a los pobladores de la zona que “en expresión de nuestra autodeterminación entregamos al Secretario Víctor Toledo Manzur, alrededor de 3 mil 500 firmas contenidas en más de 40 actas de asamblea de comunidades de Ixtacamaxtitlán, así como en el acta de la Trigésima Asamblea de Los Pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo por la Defensa del Territorio, firmada por representantes de 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y la cuenca del río Apulco. En todas las actas se declara el rechazo al proyecto de minería a cielo abierto de la canadiense”.

Por lo que le señalamos a la autoridad ambiental, dice el comunicado, que: desde el año 2014 nos hemos organizado para defender nuestros derechos humanos y el territorio, llevando a cabo un conjunto de acciones como caravanas, concentraciones y marchas en Ixtacamaxtitlán, Puebla y Ciudad de México, y también acciones jurídicas y de investigación, como la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del Proyecto Minero Ixtaca.

Por su relevancia biológica y cultural, los pueblos naturales de la zona han declarado esa región libre de proyectos extractivos; la Minera Gorrión S.A. de C.V., actualmente no cuenta con derechos sobre las concesiones con las cuales sustenta su MIA, debido al juicio de amparo 445/2015, que el ejido de Tecoltemi interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Puebla.

El Estado Mexicano, dice el comunicado de PODER, antes de haber otorgado y aprobado las concesiones mineras y los resolutivos de los informes preventivos, debió haber obtenido el consentimiento del pueblo indígena nahua que habita el municipio de Ixtacamaxtitlán de conformidad con los estándares internacionales.

“Desde el año 2017, hemos denunciado, con base en los resultados de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), los impactos que la etapa de exploración del Proyecto Ixtaca causaron al derecho humano al agua, la salud y un medio ambiente sano y los potenciales riesgos que la explotación representa para ese territorio”.

Se recuerda además que “el pasado 25 de junio de 2019, en la reunión pública sobre el Proyecto Minero Ixtaca, organizaciones sociales, investigadoras y académicos presentaron a Semarnat 17 documentos técnicos con observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental, los que demuestran que la explotación minera amenaza la biodiversidad de la región y que la empresa no informó los impactos ambientales reales que ocasionará el proyecto”.

Los inconformes denunciaron que la empresa Minera Gorrión se conduce con un discurso manipulador a la población cuando dice que la construcción de la mina empezará en el 2020, y cuando realiza actividades como la “Expo Proixtaca 2019” en donde está ofreciendo empleos, aunque no tiene aprobada la MIA y sus concesiones están en litigio.

También se denunció que “la violencia y hostigamiento propiciado por Minera Gorrión S.A. de C.V., contra defensoras y defensores de derechos humanos en la localidad de Santa María y, en general, en Ixtacamaxtitlán, ha aumentado, lo cual significa un inminente riesgo de más violaciones graves a los derechos fundamentales de las comunidades, por la omisión y acción de autoridades federales”.

Por todo lo anterior, los pueblos de la zona de Ixtacamaxtitlán han exigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental para el Proyecto Minero Ixtaca (21PU2019M0014), y que garantice el derecho humano a un medioambiente sano, mismo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4, párrafo quinto.

http://www.zenzontle400.mx/

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