Miranda de Wallace ya está bajo investigación penal, confirma FGR

Por Antonio Rosales

A solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la presidenta de la organización Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, ya se encuentra bajo investigación penal por el delito de tortura y por la fabricación de pruebas en el presunto secuestro de su hijo.

De acuerdo a Los Ángeles Press, la Presidencia de la República también confirmó al medio que ya existe una carpeta de investigación en contra de María Isabel Miranda Torres gracias a las denuncias de la periodista Guadalupe Lizárraga, investigación que está en etapa inicial y en curso en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura.

La primera denuncia de la periodista y directora de Los Ángeles Press fue interpuesta el 11 de diciembre de 2018, por dos intentos de secuestro sufridos el 11 de noviembre de 2016 y el 27 de febrero de 2018.

En ambos hechos, falsos agentes ministeriales intentaron llevarse a Guadalupe Lizárraga con el argumento «de que tenía que declarar en la SEIDO-PGR por dar una versión distinta a la oficial».

La periodista interpuso una segunda denuncia el 23 de mayo de 2019, cuando el padre biológico del hijo de Isabel Miranda de Wallace, el médico Carlos León Miranda, reconoció que su ex mujer lo hizo pasar por su actual esposo, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, al dar su muestra de sangre, lo que, al coincidir con el ADN, invalidaría la prueba madre del caso, que es una gota de sangre.

El caso Wallace mantiene en prisión a siete personas acusadas por el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto.

Según la versión de la empresaria, su hijo fue secuestrado y asesinado y ella logró encontrar a los responsables por sus propias investigaciones.

Sin embargo, desde 2014 la periodista Guadalupe Lizárraga ha destacado la fabricación del caso en complicidad con autoridades y el uso de tortura sobre los inculpados para incriminarse, que ha sido acreditado en dos protocolos de Estambul –el de Brenda Quevedo Cruz, que un juez invalidó posteriormente, y el de Jacobo Tagle Dobin que confirma violación sexual–, y señalado en actas y medios de comunicación por los inculpados y sus familiares.

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