Otro 7 de junio sin celebrar nada; el periodismo mexicano, en la agonía de la violencia y la autocensura

 

Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400

Foto: Edgar López (Archivo)

En el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, en México no hay mucho que celebrar: el periodismo se sigue sumiendo en la mudez. La violencia desatada contra los comunicadores y medios de comunicación independientes ha provocado que la mancha del silencio se expanda por todo el territorio nacional.

Cada vez son más los comunicadores que, para preservar su vida, optan por la autocensura y a veces por la complicidad de la corrupción, sea del crimen organizado o de las propias estructuras de gobierno, donde ahora el propio presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador también se alza como un silenciador, al desacreditar a los periodistas que le son críticos.

La autocensura que va en aumento en el periodismo mexicano, es también una suerte de siniestra paradoja: para seguir en esta profesión, decenas, cientos de periodistas se han tenido que alejar de la libertad de expresión. Han dejado de lado la labor periodística para ejercer un “periodismo” entrecomillado por el miedo y la inseguridad que amenaza con seguir creciendo.

En México los signos del abandono de la seguridad de los periodistas son cada vez más evidentes, ya no solo por la reducción del presupuesto federal para los mecanismos federal y locales que se encargan de velar por l integridad de los comunicadores, sino por la propia estrategia de comunicación del gobierno federal que ahora ve en la prensa independiente, un enemigo a silenciar.

A la fecha se estima que existen al menos 23 regiones en 12 estados del país donde el periodismo se ha quedado quieto. Son zonas en donde los trabajadores de la comunicación están más preocupados por su seguridad personal que por la calidad de sus trabajos de investigación.

A esos sitios, organizaciones como Reporteros Sin Frontera (RSF), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) los reconocen como “zonas de silencio”, donde a causa de la escalada de agresiones y amenazas, los comunicadores han preferido limitarse en su labor de denuncia social.

“En gran parte del país el periodismo se ha ido desdibujando. La violencia, la coerción política y la publicidad oficial de los gobiernos locales son formas de aquietar al periodismo, lo que también contribuye a la existencia de ‘zonas de silencio’ que poco a poco van creciendo en todo el país”, dijo Julio César Colín Paredes, de la organización Artículo 19.

La situación que más preocupa a las principales organizaciones defensoras de los derechos de periodistas es precisamente el silencio de la prensa, ante la violencia generada contra los propios comunicadores, un hecho que se observa como el principal riesgo para la libertad de expresión.

Y es que, de acuerdo RSF, en nuestro país no sólo existen regiones donde la voz de los periodistas se ha dejado de escuchar, sino que otras más ya se perfilan hacia esa misma condición como resultado de las agresiones, amenazas, asesinatos y de la impunidad.

Los estados en donde a la fecha se registran zonas que incluyen de dos a ocho municipios que han dejado de tener periodismo de denuncia son: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Baja California Sur y Puebla, en donde los índices de violencia registrados, no sólo contra los periodistas sino contra activistas de derechos humanos, son los más elevados de los últimos 10 años.

A la fecha, de acuerdo a los datos que aportan las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas, se estima que son ya 173 los municipios que no cuentan con prensa informativa de denuncia. Sólo tienen medios y periodistas que cumplen con la difusión de comunicados oficiales, acciones de gobierno y/o información sin trascendencia.

Entre las principales localidades en donde no existe periodismo de denuncia y menos de investigación por parte de la prensa local como resultado de la autocensura y la coerción oficial son: Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa en Tamaulipas; Coatzacoalcos, Misantla, Martínez de la Torre, Papantla y Tecolutla en Veracruz; Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galena, Altamirano y Arcelia en Guerrero.

A la lista también se agregan los municipios de La Piedad, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Los Reyes y Lázaro Cárdenas en Michoacán; Cuauhtémoc, Madera, Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes en Chihuahua; Fresnillo en Zacatecas; Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, Tochtepec, Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, Tepeaca, Huauchinango, Xicotepec,  Zeta Mena y Vicente Guerrero en Puebla.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) reconoce como “zonas de silencio” periodístico a las regiones del norte de Sinaloa y el norte de Coahuila y en menor medida a Baja California, en donde también se agregan las regiones que ubica la organización Artículo 19, donde se refieren a algunas localidades de Colima, Nayarit, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

¿El Estado Hace su Tarea?

Sin llamarlas zonas de silencio, fuentes de la coordinadora ejecutiva del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, reconocen que en México existe un problema por los ataques a la libertad de expresión. Incluso reconocen que algunos de esos ataques vienen del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Funcionario del mecanismo de la Secretaría de Gobernación consultados por Zenzontle400, que habar a reserva del anonimato, dijeron que aun cuando el Estado realiza su trabajo en la protección de periodistas, existe actores del propio Estado que atentan contra el trabajo y la seguridad de los comunicadores, haciendo incrementar cantidad de personas que a la fecha son protegidas.

Los estados más vulnerados por esos agravios son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa donde, según se dijo, se han asentado las agresiones a periodistas que ahora inhiben el trabajo informativo y que hacen que el ejercicio sea considerado como una actividad de muy alto riesgo en nuestro país.

Sin embargo, dentro del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación existe la convicción de que el Estado está realizando su trabajo en la materia y la prueba es la elevada cantidad de personas que a la fecha son protegidas para que puedan cumplir con su labor, tanto periodística como en el tema de la defensa de los derechos humanos.

Al día de hoy, el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuenta con un padrón de 732 personas que tienen medidas de seguridad personal. De todos los protegidos por el Estado, por lo menos el 53 por ciento de ellos son periodistas a los que se les han instaurado diversas medidas para que puedan cumplir con su labor.

El mecanismo, cuenta con la estructura y los recursos para garantizar el libre ejercicio del periodismo en México, pero eso no se refleja en la realidad, pues la mayor parte de los recursos de esta dependencia se gastan en la operatividad de los funcionarios que deben tener a su cargo los programas de seguridad para los periodistas.

El gasto por la protección a periodistas que hace el gobierno federal a la fecha representa en términos reales un promedio mensual que oscila entre los 16 y 19 millones de pesos, lo que se invierten en medidas de protección a los comunicadores, pero el gasto de operatividad del propio mecanismo de protección asciende a más de 35 millones de pesos mensuales.

El trabajo del Gobierno federal en cuanto a la protección de los periodistas está respaldado por las unidades estatales de protección a periodistas que trabajan en forma coordinada con la federación y que de alguna manera han contribuido a dar certeza a la labor de protección del periodismo y de sus actores principales.

En ese sentido, funcionarios reconocen que el mecanismo ha tenido que enfrentar con trabajo la falta de confianza que algunos periodistas han tenido sobre el organismo. Para encarar esta desconfianza –se reconoció- se ha flexibilizado el criterio de ingreso a las medidas de protección, lo que ha hecho que periodistas que han recibido un empujón, sean igualmente protegidos como los que están en riesgo real de muerte.

En lo que va del 2019, el número de solicitudes de medidas cautelares ha crecido en un más de un 12 por ciento, lo que de alguna forma contribuye al sostenimiento del periodismo, donde se cuenta con el respaldo de los únicos dos mecanismos locales de protección a periodistas que funcionan en el país, el de la Ciudad de México y el del estado de Veracruz.

A la fecha, el mecanismo federal de protección a periodistas reconoce el asesinato de siete comunicadores en lo que va del 2019, pero también establece que solo dos de los periodistas asesinados al día de hoy contaban con medidas de protección del Gobierno federal.

Los único periodista asesinados en lo que va de este año que contaban con medidas de protección del mecanismo eran Francisco Romero Díaz, asesinado en Playa del Carmen Quintana Roo, el 16 de mayo, y Rafael Murúa Manríquez, secuestrado y asesinado en Santa Rosalía, Baja California Sur el 20 de enero de este mismo año.

Tamaulipas, el Silencio

La violencia en Tamaulipas no sólo ha provocado que la mayoría de los periodistas dejen de realizar textos de denuncia o trabajos de investigación. También ha fomentado un periodismo carente de la información acorde a la realidad existente. De todas las regiones en donde el miedo ha silenciado a la prensa local, la que manifiesta una mayor singularidad es la de Tamaulipas, reconoce la organización Artículo 19 a través del Julio César Colín.

En este estado muchas localidades han dejado de contar con una prensa denunciante, y la que tienen brinda información que no va acorde a la realidad existente. “Lo que sucede en Tamaulipas es preocupante por el efecto silenciador que han logrado las amenazas del crimen organizado y la coerción de los gobiernos locales”, detalla el politólogo, integrante del equipo de protección y defensa de Artículo 19.

De acuerdo con Jan Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México, en medio del clima de amenazas al que están expuestos “la autocensura es la única alternativa a la que se abrazan los periodistas para conservar su vida”.

El silencio es la única salida que observan los periodistas en Tamaulipas, dijo Hootsen, frente a la incapacidad del Estado mexicano para abatir a la delincuencia y acabar con los altos niveles de impunidad. En el estado las autoridades se han mostrado incapaces de brindar medidas de seguridad para que los comunicadores ejerzan su labor con la certeza de que nada les sucederá, dijo.

Para el periodista Mario Alberto Segura, director del diario digital El Sol del Sur de Tampico, la autocensura que se vive en Tamaulipas “no es una alternativa, es la única salida que nos queda a los que queremos seguir siendo periodistas y que amamos la vida. El que no se autocensura aquí está cavando su tumba”, aseguró el comunicador, quien en el 2011 fue secuestrado por un comando armado.

“A la fecha casi todos los periodistas de Tamaulipas tenemos que autocensurarnos porque sabemos de las consecuencias si no lo hacemos: primero las amenazas, luego la presencia de ‘los malos’ que cuando bien te va sólo te golpean… pero nadie se quiere exponer a eso”.

Autocensura ¿Una Salida Viable?

La autocensura, aunque no es la mejor salida de la encrucijada en la que se encuentra la prensa de Tamaulipas frente al índice de amenazas se ha convertido en la única manera que tienen los periodistas para protegerse de las agresiones.

De acuerdo a Julio César Colín, pese a tener uno de los mayores índices de violencia esta entidad es también la que registra el menor número de denuncias de agresiones. Las cifras de Artículo 19 señalan que durante el primer trimestre del 2019 en el estado de Tamaulipas se interpusieron solamente 15 denuncias de agresiones a comunicadores.

Sin embargo, esa cifra es notablemente baja si se compara con el índice de agresiones a periodistas registrado en la Ciudad de México y Veracruz, donde cada una suma 27 y 38 agresiones, respectivamente

Para Artículo 19, esta baja en los índices de agravios a comunicadores se atribuye, en primera instancia, al miedo a denunciar y, en segunda, al acatamiento de los periodistas a las disposiciones de censura marcadas por los grupos delictivos y a las estructuras de gobierno que ejercen presión sobre ellos.

Este efecto ha permeado ya a otras regiones del país que también comienzan a sumarse a las “zonas de silencio” en donde los periodistas denuncian menos agresiones. Un ejemplo de esas es la región central del estado de Colima, Querétaro y la zona del centro de Nayarit.

La baja en los índices de agravios a comunicadores se atribuye al miedo a denunciar y al acatamiento de los periodistas a las disposiciones de censura marcadas por los grupos delictivos y el gobierno

Sólo en Colima, en donde las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que los índices delictivos fueron al alza durante el primer trimestre del 2019, Artículo 19 registró únicamente cinco denuncias de agravios a periodistas. En Nayarit, donde también la violencia se ha desbordado, los comunicadores denunciaron solamente cinco agresiones.

Sigue el Acoso

El elevado número de ataques a periodistas por parte de funcionarios públicos demuestra los elevados niveles de corrupción e impunidad que reinan entre grupos delincuenciales y autoridades de gobierno.

En el informe Violencia Contra la Prensa Mexicana donde Artículo 19 recoge las estadísticas de agresiones a comunicadores durante el primer semestre del 2017, se presume que el 50.7 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.

Es decir, 140 de 276 atentados, lo que apunta a que “es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.

De todas las agresiones que ha documentado esta organización durante el primer semestre de 2017, se señalan como zonas preocupantes las de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.

Del total de agresiones 67 fueron intimidaciones, 60 fueron por amenazas, 56 por ataques físicos o materiales, 28 por privaciones de la libertad, 24 por acosos y hostigamientos; y 9 por intervenciones de las comunicaciones.

De todos los periodistas agredidos que contabiliza Artículo 19 hasta junio de ese año (276), 195 son reporteros, 64 son reporteras y 17 son periodistas gráficos de uno u otro sexo; de todos los que denunciaron su agresión, 132 cubrían temas de corrupción y política, 23 de derechos humanos, 37 de protestas y movimientos sociales, uno el sector privado, 80 el tema de seguridad y justicia y tres el de territorio.

Las 10 entidades más violentas para la prensa en el país, según Artículo 19 en su primer recuento del 2017, son Veracruz, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato, en donde se concentra el 65.5 por ciento de todas las agresiones registradas en ese periodo, donde la mayor parte de los agravios provinieron de funcionarios públicos seguido por miembros del crimen organizado.

Al cuantificar las agresiones por tipo de medio al que pertenecen los periodistas que han sido blanco de ataques, Artículo 19 señala que 119 de los comunicadores afectados trabajan para medios digitales, 72 son de periódicos impresos, 27 trabajan en radio, 18 escriben en revistas, 18 son periodistas freelance, 15 trabajan para televisión, seis son de agencias informativas y uno es multidisciplinario.

Las 10 entidades más violentas para la prensa en el país, según Artículo 19, son Veracruz, CDMX, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato

Autoridades Omisas

La agresión a periodistas ha permanecido como una constante a lo largo de los últimos 14 años, sin embargo, el 2019 se perfila para ser el más violento en la historia del país.

El asesinato de periodistas registra el índice más elevado en toda la historia del país para los primeros cinco meses del año, con siete homicidios registrados faltando todavía más de siete meses para que concluya este año.

Las agresiones han sido consideradas por las organizaciones defensoras de derechos de periodistas no sólo como ataques directos a las víctimas, sino como mensajes cifrados que alientan a la creación de “zonas de silencio”.

El asesinato más reciente, el de Francisco Romero Díaz, en Playa del Carmen muestra también la inoperatividad de la Fiscalía General de la República (FGR), pues a casi un mes de esa ejecución las investigaciones se encuentran empantanadas

Francisco Romero, quien dirigía la página informativa de Facebook “Ocurrió Aquí”, y era colaborador del semanario “Playa News”, fue llevado hasta sus asesinos mediante una llamada telefónica que recibió al filo de las cinco de la mañana del día de los hechos. Esa fue la última vez que su esposa y su hijo de seis años lo vieron con vida.

El cuerpo del periodista apareció con evidentes huellas de tortura y lesiones en todo el cuerpo, que fueron causadas con algún objeto contundente, con el que –según fuentes de la Fiscalía de Quintana Roo– se presume se le destrozó el cráneo. El cuerpo fue encontrado a un lado de su motocicleta al filo de las seis de la mañana en el estacionamiento del bar La Gota, ubicado sobre la Avenida 115 del municipio de Playa del Carmen.

La primera línea de investigación para tratar de esclarecer este caso, que ha establecido la Fiscalía de Quintana Roo, refiere a la posibilidad de una traición por parte de otro periodista, que fue quien lo pudo haber enviado al lugar de los hechos, según lo indica la última llamada registrada en el teléfono de la víctima dada a conocer por el fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca.

México, Preocupante

Para Jan Albert Hootsen, el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, lo que ocurre en nuestro país con las cada vez más crecientes “zonas de silencio” y otras regiones que se enfilan hacia allá es una situación preocupante y considera que el Estado mexicano debe actuar en forma inmediata.

“Es el Estado mexicano el que debe intervenir en forma inmediata para garantizar mejores condiciones de seguridad para el periodismo”, remarcó.Un hecho que sólo puede suceder, insistió, restableciendo el Estado de Derecho.

México es a la fecha uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio periodístico, dijo el representante del CPJ, y si la condiciones de inseguridad siguen con la tendencia actual, cada vez serán más zonas en todo el territorio mexicano en donde la autocensura y el silencio sea lo que caracterice a los periodistas y a los medios de comunicación mexicanos.

De tal magnitud son las agresiones a los comunicadores que la oficina del CPJ en México recibe en promedio cada semana de dos a tres llamadas de periodistas que denuncian hechos intimidatorios y agresiones a sus personas y medios, esto como resultado del trabajo de denuncia que realizan algo “que no sucede en otras partes del mundo”.

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