Periodistas asesinados, una lista sin fin

Por Karina H. Contreras

Si pensamos en Siria, Irak y Afganistán como los países más mortales para ejercer el periodismo, una de las palabras relacionadas y de las primeras que vienen a la mente es: guerra.

El peligro que corren quienes ejercen este oficio es mayor debido a la situación que estos lugares presentan.

Sin embargo, México se ha colocado entre los 5 países más mortales para periodistas. No es un país con una guerra como en Irak o Siria, pero la violencia ejercida a la prensa se iguala.

Según Artículo 19, desde el año 2000 a la fecha, se han contabilizado 122 periodistas asesinados.

 

 

En 2017, según las cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), colocaron a México como el país con más asesinatos a periodistas, uno más que Afganistán e Irak, los cuales tuvieron 11.

Se trata del país con mayor índice en América Latina. Los números siguen aumentando, el riesgo de los comunicadores crece año con año, la violencia ejercida y la censura.

El riesgo ha crecido a nivel mundial. Datos de la FIP arrojan que en los últimos 20 años han muerto 2 mil 271 periodistas alrededor del mundo.

En 2018 fue asesinado el columnista saudí Jamal Khashoggi en Estambul, una de las muertes que más visibles se hicieron en los medios de comunicación y que, posteriormente, la revista Time lo nombró como “persona del año”. Al finalizar diciembre, México cerró con 11 periodistas asesinados.

La historia ha sido la misma: comunicadores desaparecidos, perseguidos, encarcelados, amenazados, torturados, censurados.

La libertad de expresión se viola, la protección hacia periodistas no es tomada en cuenta. Los casos son olvidados y no reciben justicia.

Javier Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Los responsables lo obligaron a arrodillarse y posteriormente recibió 12 disparos. Actualmente se sigue exigiendo justicia por el crimen.

Rafael Murúa se convirtió en el primer periodista asesinado en 2019. El domingo 20 de enero su cuerpo se encontró en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.

Murúa había reportado amenazas y, desde junio de 2017, el organismo de protección del gobierno para periodistas y defensores de derechos humanos lo puso bajo custodia. Pero una vez más, un comunicador se ha sumado a la lista.

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