Plan Nacional de Seguridad de AMLO amenaza derechos humanos: HRW-AI.

Por Rivelino Rueda

Foto: Edgar López (Archivo)

El plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas, constituye una “estrategia equivocada” para abordar la crisis de seguridad pública que atraviesa México, advirtieron Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

El uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la violencia criminal, subrayaron ambos organismos, “ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, lo cual demuestra por qué no se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública”.

El 14 de noviembre de 2018, el presidente electo propuso crear una Guardia Nacional como “instrumento primordial” del gobierno para promover la seguridad pública. Al menos al principio, esta nueva fuerza estará conformada en gran parte por soldados. Será entrenada por las Fuerzas Armadas y estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”, abundó.

Vivanco puntualizó que en los dos últimos gobiernos, el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos. Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad.

Destacó que las Fuerzas Armadas tampoco han conseguido reducir la violencia en México y de hecho, es posible que hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.

Además, anotó que “hasta ahora, las autoridades han presentado la intervención de militares en tareas de seguridad pública como un rol auxiliar y temporal, de apoyo a la policía civil. Pero el plan de López Obrador abandona toda apariencia en este sentido”.

“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa. López Obrador debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”, enfatizó.

En ese sentido, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, indicó que el nuevo gobierno de AMLO “debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo”.

“Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”, declaró.

Aparte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, mencionó que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece abrir una oportunidad para el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad.

No obstante, calificó de “preocupante” que el presidente electo haya presentado una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas.

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