Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

Columna Praxis

Texto y foto: Luis Poceros Vázquez

La corrupción se ha convertido, desde hace varias décadas, en uno de los principales problemas para la ciudadanía. En orden de prioridad, las y los ciudadanos reclaman mejores oportunidades de crecimiento económico, combatir la inseguridad pública y eliminar la corrupción.

De tal manera que crear el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México es una de las principales acciones pendientes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Uno de los principales problemas que aqueja al desarrollo del país es la corrupción que impera en las instituciones públicas.

La corrupción se manifiesta mermando la capacidad del Estado para atender problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, asimismo dicho fenómeno tiene correlación con el crecimiento económico, ya que al existir altos índices de corrupción, aumenta la incertidumbre para la inversión de capitales.

Las prácticas de corrupción en todos los niveles tienen un impacto directo en el plano de la economía. Sólo por mencionar algunos de los efectos, se encuentra la inhibición de la inversión y en consecuencia reducción de la productividad del gasto público, asimismo, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos, profundiza la desigualdad y, por tanto, disminuye el crecimiento.

En ese sentido, las cifras presentadas por el Banco de México en materia de corrupción señalan que ésta representa cerca del 9 por ciento del PIB. En contra parte, el Banco Mundial arroja cifras en las que indica que el costo de la corrupción en México asciende a 9 por ciento del PIB y 80 por ciento de la recaudación de impuestos de la federación.

Ante esta situación, el Estado ha creado diversas instituciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

En ese sentido, desde la Administración Pública Federal se estableció, en 1982, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, lo que a partir de 2003 se conoce como la Secretaría de la Función Pública. Esta institución tiene facultades y atribuciones para vigilar el desempeño de los servidores públicos de la federación, auditar el gasto de recursos federales, entre otras.

El Sistema Nacional Anticorrupción está diseñado, entre otras cosas, para establecer políticas integrales en el combate a la corrupción, así como ejecutar acciones que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos (artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción).

Se trata de un sistema que integra mecanismos de coordinación entre diversos órganos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, y que se propone crear en todo el país procedimientos homogéneos para prevenir, perseguir y castigar los actos de corrupción.

De acuerdo con el dictamen que dio origen a esta Ley General, está concebido para funcionar a partir de cuatro principios básicos de la gestión pública:

  1. Control interno de la gestión y de los recursos públicos.
  2. Fiscalización superior.
  3. Investigación de los delitos y el establecimiento de probables responsabilidades para su dilucidación en el proceso penal correspondiente; y
  4. Impartición de justicia por órganos imparciales con autonomía para dictar sus resoluciones, a partir del propuesto Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los plazos para los nombramientos de los funcionarios del sistema se encuentran suspendidos, debido al sismo del pasado 19 de septiembre que afectó a la Ciudad de México.

Sin embargo, el tiempo toma cause y todo apunta a que nuestro Sistema Anticorrupción nacerá hasta la primavera del 2018, dando tiempo suficiente para ocultar todo lo feo y podrido de la corrupción en nuestra ciudad.

Pareciera ser que el sismo fue la bocanada de oxígeno que necesitaban muchas personalidades dentro de las esferas político empresarial de nuestra ciudad.

Tendremos que esperar hasta julio de 2018, después de las elecciones, para hacer una evaluación del estado en que se encuentra el sistema, dentro del marco del primer aniversario de la aprobación de las 11 leyes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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