Centro Prodh advierte riesgos de perpetuar la militarización en México

Por Rivelino Rueda 

Foto: Edgar López (q.e.p.d.) 

La profundización de la militarización en el actual sexenio impacta negativamente en la continuidad de violaciones a los derechos humanos, en la permanencia de los niveles de violencia, así como en el trastocamiento de las relaciones cívico-militares, lo que ha provocado, en los hechos, una mayor autonomía para un Ejército que se ha caracterizado por no rendir cuentas. 

Esta es la conclusión del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, un documento realizado por diversos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que coordinó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh). 

En estas condiciones, comenta Santiago Aguirre, director de ese organismo civil, el informe señala claramente que impulsar una reforma adicional en 2023, para adscribir en definitiva la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “sería muy preocupante”. 

Subrayó que esa propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador “cancelaría la posibilidad de que algún día México cuente con una policía civil de presencia nacional”, pero además “se abriría una etapa cargada de riesgos inéditos respecto de la presencia y el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional”. 

En el informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, también se desarrolla un recuento de las amplias facultades de las que se ha dotado a las Fuerzas Armadas en este sexenio; se señala cómo esto contraviene estándares internacionales y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destaca el riesgo que representa la falta de controles y mecanismos de rendición de cuentas para los castrenses en este contexto. 

“Esta profundización de la militarización impacta negativamente en la continuidad de violaciones a los derechos humanos, pues no se realizan cambios estructurales para combatirlas; en la permanencia de los niveles de violencia, pues la expansión militar no está bastando; y finalmente, en el trastocamiento de las relaciones cívico militares, provocando en los hechos una mayor autonomía para un Ejército que se ha caracterizado por no rendir cuentas”, enfatiza Santiago Aguirre. 

El director del Prodh destacó que a dos años de que empezó a operar la Guardia Nacional y a siete años de la masacre de Tlatlaya, el trabajo de este organismo disecciona la profundización de la militarización en este sexenio y advierte de los riesgos de perpetuar este modelo al incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Puntualizó que el documento retoma el trabajo realizado en los últimos años por diversos académicos y organizaciones, hace un recuento del proceso de desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, e identifica los riesgos que esto genera. 

 El informe “Poder Militar”, añade, también analiza los cambios legales que le han dado una fuerte impronta castrense a la Guardia Nacional y refiere cómo varias de estas normas están pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“A partir de solicitudes de información, el documento revela el predominio de las Fuerzas Armadas en la conformación y mando de la Guardia Nacional, sin que se haya incorporado experiencia a nivel de mando de servidores públicos de extracción civil”, anota.  

Además, Santiago Aguirre puntualiza que en el informe se alerta sobre las deficiencias en los controles internos y externos de esta institución de seguridad, que ha llevado a que, de 451 quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional, solamente una haya resultado en una recomendación”. 

Aquí puedes ver el informe completo: 

@RivelinoRueda 

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